Más de la mitad de los andaluces suspende la gestión de la Junta en sanidad

La crítica a la gestión que el Ejecutivo de Juanma Moreno realiza con la sanidad atraviesa todos los grupos de edad y situación laboral, con especial dureza entre los parados y los estudiantes. Aunque el Gobierno autonómico defiende su inversión histórica en infraestructuras sanitarias, las protestas del personal médico y los sindicatos se han convertido en uno de los principales frentes a los que debe atender el equipo de Moreno, que ha puesto en marcha recientemente un plan para mejorar la atención primaria (cuya gestión para citar al paciente se realiza ahora en menos de 72 horas) que aún no ha logrado obtener cierto beneplácito entre los ciudadanos. Las listas de espera y las demoras con los especialistas siguen siendo demasiado agudas como para que el andaluz perciba con mejores ojos la gestión sanitaria que ahora lidera la consejera Rocío Hernández tras sustituirse a Catalina García.

La oposición ha hecho de este deterioro uno de sus principales argumentos de desgaste político, no sólo en el argumentario diario y en las comparecencias para denunciar o fiscalizar sino en la propia calle, con manifestaciones en las que se han apoyado en los sindicatos. El propio Gobierno de Moreno ha admitido que se trata del principal escollo de su rutina en la gobernanza y se ha aumentado el presupuesto considerablemente. La Junta anunció, de hecho, que en su Presupuesto 2025 destinará 15.247 millones de euros a la sanidad pública, lo que representa un aumento del 7% respecto a 2024, lo que significa mil millones de euros más. Pese a ello, el lastre es enorme y la percepción pública continúa siendo mala en un nivel muy importante.

Al otro lado de este cuadro de respuestas ciudadanas, entre los aspectos más destacados del análisis por áreas competenciales de la Administración andaluza resalta la buena acogida del apartado de gestión educativa. Con un 28% de valoraciones positivas y un reparto casi equilibrado entre juicios regulares y negativos, la gestión educativa se convierte en la mejor parada entre las grandes áreas competenciales de la Junta de Andalucía, según el barómetro. Los estudiantes y votantes del PP son los más satisfechos, mientras que el descontento crece entre el profesorado y los votantes de izquierdas, donde la calificación negativa supera el 60%.

En un año marcado por la negociación del nuevo currículo educativo y los cambios en la oferta de Formación Profesional, la Consejería de Desarrollo Educativo ha centrado esfuerzos en modernizar infraestructuras y en ampliar plazas en etapas postobligatorias. Aun así, los sindicatos educativos han denunciado recortes encubiertos, exceso de burocracia y falta de personal especializado, cuestiones que explican parte del desgaste.

Por otro lado, el 42 % de los ciudadanos suspenden la gestión de la Junta en impuestos y fiscalidad, frente a un escaso 21% que la aprueba. Este dato refleja la llamativa posición ciudadana ante las crecientes y sucesivas rebajas fiscales impulsadas por el Gobierno de Moreno, especialmente en el IRPF y el impuesto de patrimonio, medidas que el Ejecutivo defiende como palancas para atraer inversión y talento. Sin embargo, los andaluces no lo perciben de la manera tan positiva en que lo explica el Gobierno regional. Las medidas tributarias, sin embargo, mantiene amplio respaldo entre autónomos y sectores empresariales.

Además, sólo un 19% de los encuestados valora positivamente la actuación del Gobierno andaluz en empleo y apoyo al emprendimiento, mientras un 42% la califica de mala. Resulta llamativo que los propios autónomos se muestran especialmente críticos (58% negativos), en un momento en que reclaman mayor seguridad jurídica, ayudas más ágiles y menos cargas administrativas. Las buenas cifras de reducción del desempleo no terminan de permear en la opinión general.

En cuanto a las políticas de vivienda, el 61 % de los encuestados suspende la gestión de la Junta, arrastrada en este caso especialmente por una tendencia claramente global que percibe de forma muy negativa este apartado a causa de los enormes problemas de acceso a la vivienda en propiedad o en alquiler que la población padece en buena medida. El rechazo es especialmente elevado entre los jóvenes (74%) y los desempleados (72%), sectores particularmente afectados por la dificultad para acceder al mercado residencial.