Militantes del PSOE andaluz llevan al congreso federal el pacto andaluz de financiación frente al trato singular a Cataluña

La militancia socialista andaluza no cierra filas ni hace seguidismo del trato «singular» que saca a Cataluña del sistema general de financiación autonómica en las enmiendas a la ponencia que debatirá el 41º Congreso Federal que el PSOE va a celebrar el próximo fin de Semana en Sevilla. Todo lo contrario. Y en estos términos lo recoge en las enmiendas que las federaciones provinciales han registrado, un total de 1.857 enmiendas, según ha informado este martes el PSOE andaluz en un comunicado de prensa. Su aprobación ha venido precedida de un proceso de debate interno intenso.

En relación a la reforma de la financiación autonómica, los militantes del PSOE andaluz apuestan con nitidez por el acuerdo alcanzado por el Parlamento de Andalucía en 2018, impulsado por la entonces consejera y hoy vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El PP de Juanma Moreno lo respaldó y también lo hizo IU, que ahora está representada bajo la marca electoral Por Andalucía. Dicho pacto abogaba por la inyección de 16.000 millones de euros más al sistema de financiación del Estado, entonces en manos del Gobierno de Mariano Rajoy, de los que 4.000 deberían llegar a Andalucía.

Esgrimiendo este acuerdo de 2018, la militancia del PSOE andaluz reclama que el nuevo modelo «garantice que la ciudadanía tenga acceso al mismo nivel de servicios públicos en todas las comunidades, con suficiencia financiera en cada autonomía para sostener dichos servicios públicos». El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha considerado que este puede ser un punto de partida para sentarse a negociar, si bien asegura que cupo catalán no representa ningún «agravio» para Andalucía, que, por otro lado, «no tiene un problema de financiación», ni sufre actualmetne «maltrato» del Ejecutivo central.

Sea como fuere, la militancia socialista muestra su recelo hacia cualquier trato bilateral con un territorio concreto y «apuesta por la negociación multilateral entre todas las comunidades sobre la financiación autonómica, por reforzar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y por incluir en el nuevo sistema los controles e incentivos necesarios para garantizar el carácter público, de excelencia y de acceso universal de los servicios públicos».

La negociación y aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica, el «blindaje» de servicios esenciales como la sanidad, la educación y la dependencia, y el «impulso del municipalismo» copan alrededor de 1.560 enmiendas presentadas por las federaciones provinciales al texto de la ponencia y 297 a los estatutos planteadas, con vistas a que sean debatidas en el congreso que reelegirá a Pedro Sánchez para su cuarto mandato al frente del PSOE federal.

Por agrupaciones provinciales, Sevilla es la que presenta más enmiendas, hasta 596, seguida de Granada, que promueve 404, y de Cádiz, que plantea 251. Por detrás de ellas se sitúan Jaén, con 238; Huelva, con 123; Málaga, con 91; Almería, con 77, y Córdoba, con otras 77.

Bajando al nivel técnico, las enmiendas a la ponencia desde las federaciones provinciales andaluzas plantean «la revisión del concepto de habitante ajustado, para garantizar un cálculo más preciso y actualizado del coste de los servicios públicos, y la implantación de una cláusula de reequilibrio automático del sistema para limitar las grandes diferencias en la financiación por persona».

Además, la ponencia federal ha recibido desde las federaciones andaluzas «múltiples aportaciones sobre el modelo territorial del país, defendiendo el federalismo europeísta que entiende España a partir de sus autonomías y desde la igualdad y solidaridad entre territorios». Precisamente, la igualdad y la solidaridad son dos de los principios esgrimidos por la Junta de Andalucía, en manos de Juanma Moreno, y por otros barones territoriales para cuestionar el pacto entre el PSC y ERC

El debate en las federaciones provinciales socialistas de Andalucía sobre la situación de los servicios públicos ha sido «intenso», según reflejan las enmiendas planteadas a la ponencia del 41 Congreso Federal, «centradas sobre todo en introducir en la Constitución como derechos fundamentales los sistemas públicos de salud, servicios sociales y Seguridad Social, al igual que la educación».

Son múltiples las propuestas de la militancia andaluza para incluir la salud mental en los servicios de atención primaria con «unidades específicas que incidan en la prevención de estas dolencias, del suicidio y de las adicciones». Desde el PSOE andaluz abogan por introducir modificaciones en la normativa del IRPF para «deducir gastos ocasionados por la deficiente respuesta del sistema sanitario público a los problemas de salud mental». La sanidad es una competencia autonómica y el PP es el partido que controla más territorios regionales.

En materia de educación, las enmiendas socialistas de las provincias andaluzas piden «aprovechar la bajada de la natalidad para reducir en un 20% la ratio de alumnado por aula en todos los niveles, así como reforzar la enseñanza inclusiva y no segregadora con medidas que incorporen a profesorado especializado».

En cuanto a los servicios sociales y dependencia, la militancia propone «asignar de manera obligatoria un porcentaje de los recursos del sistema a la asistencia y formación de familiares, incluyendo cobertura salarial progresiva que compute a nivel curricular y de cotización para pensiones», y el establecimiento de «mecanismos legales que eviten que las comunidades puedan privatizar o deteriorar la atención a dependientes, y garanticen suficiente financiación».

En materia de vivienda, entre las enmiendas andaluzas se plantea incluir en la legislación estatal del derecho subjetivo al acceso a la vivienda, a desarrollar mediante el incremento de la oferta de alquiler protegido y alojamientos dotacionales, y a través de una prestación económica que permita a las personas «acceder a un arrendamiento fuera del mercado protegido en zonas tensionadas, ante la escasez actual de VPO».

La militancia andaluza propone igualmente con sus enmiendas «mantener la calificación de vivienda protegida de manera permanente y eliminar los mecanismos de descalificación para evitar su enajenación en el mercado libre».

El impulso de las políticas públicas de alquiler, con bolsas públicas de intermediación del arrendamiento y unidades de mediación entre inquilinos y propietarios que eviten desahucios; la puesta en marcha de «una estrategia de prohibición de la especulación inmobiliaria a través de un impuesto sobre las ganancias de capital por venta de prioridades en periodos cortos»; la modificación de la Ley del Suelo para «obligar a promotores de viviendas de renta libre a la edificación simultánea del 30% de reserva de VPO obligatorio», o «promover garantías de que el patrimonio municipal del suelo tenga como destino finalista facilitar el acceso a la vivienda, especialmente en alquiler».

Un aspecto controvertido es el de las viviendas turísticas. La militancia andaluza reivindica «la regulación y fiscalización» de las mismas, haciendo hincapié en la eliminación de todas las ilegales y la limitación de los alojamientos turísticos en áreas de alta demanda residencial». Se plantea incluso su «supresión en zonas tensionadas», o iniciativas como «establecer un número de días en que un propietario puede arrendar su vivienda a turistas».

También se propone «un marco jurídico para que los ayuntamientos puedan implantar» la 'tasa turística' «para suavizar los efectos negativos del turismo», así como se plantea «una tasa por convivencia vecinal, a cobrar a propietarios de pisos turísticos y para financiar iniciativas que beneficien a la comunidad local».

Entre las enmiendas figuran también propuestas como «garantizar mayor financiación e incondicionada para el reconocimiento de las competencias propias del municipio o la ampliación de las existentes». Así, algunas reclaman «un mecanismo de compensación ante cualquier modificación sobre tributos locales que introduzcan otras administraciones públicas en la normativa; la recaudación por los ayuntamientos del impuesto de residuos; la supresión de limitaciones en el destino de superávit de los entes locales, y el desarrollo de un nuevo acuerdo que determine la cuantía inicial de la aportación del Gobierno central».

Otras enmiendas reclaman la puesta en marcha de «un plan estatal de protección a la mujer en espacios digitales», así como proponen una reforma de la Ley de Partidos «para que todas las formaciones políticas tengan buzones o canales internos anónimos para denunciar el acoso y las agresiones sexuales», así como la creación de una «figura referente» en la Comisión de Ética y Garantías del PSOE «contra el acoso y la violencia sexual, y la ampliación del reglamento disciplinario interno para afrontar cualquier caso de acoso, agresión o discriminación».

Por otro lado, entre las enmiendas andaluzas figuran algunas relativas a «cuestiones singulares de los territorios», como la que desde la federación de Cádiz plantea «la necesidad de cerrar un acuerdo sobre la nueva relación con Reino Unido respecto a Gibraltar que permita el desarrollo de la comarca de Gibraltar desde la base de la desaparición de la frontera, la conversión de Gibraltar en territorio Schengen y el uso compartido del aeropuerto».