Mercedes Alaya defendió en 2018 castigar la prevaricación con penas de cárcel

En una entrevista con ABC de Sevilla, y a la pregunta de si consideraba necesaria una reforma del Código Penal para incrementar las penas por delitos de corrupción, la juez de los ERE apoyaba sin reservas esta posibilidad y lamentaba que «la corrupción en muchos casos sale casi gratis en nuestro país, en cuanto a penas se refiere».

«Tenemos el supuesto de la prevaricación, resolución administrativa manifiestamente injusta a sabiendas de que sustituye el cumplimiento de la ley por la voluntad personal de la autoridad o funcionario que la dicta. Este delito es la madre de todos los delitos de corrupción, y está castigado sólo con penas de inhabilitación. Además, con la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por no tener pena de prisión de al menos tres años en los delitos de prevaricación no se pueden autorizar intervenciones telefónicas o telemáticas para su investigación», explicaba Mercedes Alaya.

«El ejemplo clásico de prevaricación, como ocurre supuestamente en el caso de los ERE, es prevaricar para malversar. Eso ocurre en casi todos los delitos de corrupción, que habitualmente se inician con una prevaricación, con una resolución injusta. Si comparamos la prevaricación administrativa con la judicial están en absoluta desigualdad, porque la prevaricación judicial sí está castigada con penas de uno a cuatro años de prisión», proseguía la magistrada, quien agregaba a ABC que «también deberían contemplarse penas de cárcel para la autoridad o funcionario público que reclame aranceles, derechos o tarifas que no existan o sean superiores a las existentes, así como para el funcionario que asesore a personas o entidades privadas de las que dependa que luego tengan relación con su propia actividad en la función Pública. También debería castigarse con prisión a quien falsifique las cuentas de una entidad pública, ya que normalmente se falsifican para maquillarlas y sólo se castiga con pena de prisión cuando se le cause un daño a dicha entidad. De hecho, en el delito societario sí se contemplan penas de cárcel para ese mismo hecho cuando por parte del administrador de una sociedad mercantil se falsean las cuentas de la misma».

La juez se refería en la entrevista a los delitos de los que se acusaba a los expresidentes de la Junta imputados, un año antes del juicio que les condenó. «Griñán sí está imputado por prevaricación y malversación, pero Chaves sólo por prevaricación, cuando presuntamente, y de lo que se deduce de la instrucción, habría cometido la misma actividad que el señor Griñán, sin olvidar que fue en su etapa como presidente cuando dio comienzo a la actividad presuntamente ilícita. Habrá seguro mucho que hablar sobre los entresijos políticos, por aquellos quienes los conozcan, entre los cuales no me sitúo, que han hecho que la acusación haya sido sólo por prevaricación. Por ello abogo por un Pacto de Estado por la Justicia para que todos los partidos políticos acuerden que no se utilizará nunca como moneda de cambio en un pacto político la acusación o no acusación por un determinado delito o la acusación por un delito menos grave», explicaba la magistrada.

Alaya también se mostraba partidaria de «modificar el artículo del Código Penal dedicado a la financiación ilegal de los partidos políticos».