María Jesús Montero relega a Andalucía en el reparto del dinero del impuesto a la banca y prima a Cataluña y Madrid

El abandono del encuentro se produjo justo cuando se discutía el punto 5 de la agenda sobre el reparto de la recaudación de 1.695 millones de euros a través del nuevo impuesto sobre la banca. La Junta de Andalucía tampoco está de acuerdo con el criterio fijado que beneficia a las comunidades más ricas en detrimento de las más pobres. A Hacienda le bastaba con que una comunidad votase a favor para que el acuerdo viera la luz y ese apoyo lo tenía asegurado.

Tal y como se ha diseñado este tributo que tiene una duración de tres años, Andalucía recibe un trozo más pequeño de la tarta de ingresos: 227,10 millones de euros al año según la estimación de Hacienda. Son 76,38 millones de euros menos al año de los que la Junta recibiría del Estado si la recaudación obtenida se distribuyera entre las regiones en función de población –tal y como hace el sistema de financiación– en lugar de su Producto Interior Bruto (PIB), como finalmente se ha establecido.

El Gobierno de coalición del PSOE y Sumar acordó con Junts —el partido que dirige Carles Puigdemont, fugado de la Justicia española— que la recaudación obtenida se distribuyera entre las regiones en función de su PIB, sin tener en cuenta si las menos ricas necesitan más recursos.

Con este criterio salen favorecidos territorios menos poblados y más prósperos que Andalucía como la Comunidad de Madrid y Cataluña, a los que el Ministerio de Hacienda transferirá 329,78 y 321,51 millones de euros, respectivamente, a través de este tributo que grava el margen de intereses y comisiones obtenidos por las entidades de crédito que operan en España. Gracias a que se ha primado la riqueza de cada territorio, Cataluña va a recibir 43,30 millones de euros más; la comunidad madrileña, 88,77 millones más, mientras que el País Vasco captará 21,15 millones adicionales. En el extremo opuesto están Andalucía, que será la que más dinero pierde por aplicarse el criterio del PIB, al recibir 76,38 millones de euros menos, seguida de la Comunidad Valenciana (-22,72 millones de euros), Canarias (-15,98 millones) y Castilla-La Mancha (-14,44 millones).

El PP se opuso al nuevo tributo en el Congreso, aunque comunidades como Andalucía no renuncian a la recaudación que les corresponde tras su entrada en vigor el pasado 22 de diciembre. Los ingresos se pondrán anualmente a disposición de las autonomías mediante operaciones de tesorería en el ejercicio siguiente al de recaudación del impuesto, que tendrá una duración de tres años. Se establece una escala de tipos que alcanza el 7% para aquellos bancos con márgenes de intereses y comisiones superiores a los 5.000 millones de euros.

Este «nuevo agravio» y «perjuicio» hacia Andalucía, como lo califica el Ejecutivo de Juanma Moreno, ha quedado opacado por el abrupto choque de trenes entre el Gobierno y las comunidades en manos del PP a cuenta de la condonación de la deuda pactada previamente entre el PSOE y ERC en Cataluña para garantizar la investidura de Pedro Sánchez. La quita de 18.791 millones en el caso de Andalucía no convence al Gobierno regional porque lo considera un parche para tapar el bloqueo de la reforma del actual sistema de financiación autonómica perjudicial para este territorio.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta, Carolina España, rechazó tanto la condonación del pasivo como el criterio de reparto del impuesto a la banca. Éste representa una contradicción con la doctrina «progresista» del PSOE y Sumar. «Ésa es la incoherencia de la señora Montero, un impuesto que se supone que es para que paguen los que más tienen se distribuye en mayor proporción a las comunidades más ricas como Cataluña. Andalucía una vez más vuelve a perder y a sufrir un nuevo agravio porque la única obsesión de Montero es seguir cediendo al chantaje del independentismo», criticó la consejera horas antes de la reunión.

Como consecuencia del reparto en función del PIB, Andalucía recibiría 26,72 euros por habitante, nueve euros menos que la media, 14,5 euros menos que Cataluña y 22,14 euros menos que Madrid. Precisamente, las cuatro autonomías que se encuentran infrafinanciadas, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía, «van a recibir por debajo de la media», por lo que «la brecha de financiación se ensancha con esta nueva medida injusta», lamentó España.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, bajo el mando del socialista Emiliano García-Page, tampoco comparte el criterio propuesto por la ministra. Su consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, votó en contra en la reunión de ayer. «Un impuesto que recaudamos de los más ricos no se puede repartir, fundamentalmente, entre los ricos», aseguró. Justificó su negativa por que se introduce un «principio que va en contra de la propia Constitución», que dice que los poderes públicos deben promover una «distribución de la riqueza equitativa».