María Jesús Montero prorroga el agravio a Andalucía: la falta de Presupuestos bloquea inversiones clave

La prórroga de las cuentas un año más, como todo apunta, no es un mero trámite. Supone, en la práctica, la parálisis de nuevas inversiones estatales y la imposibilidad de territorializar partidas que deberían llegar a las comunidades. Sólo se ejecutarán los proyectos ya iniciados en ejercicios anteriores. El resto quedará aplazado indefinidamente, una vez más. El Ejecutivo central ha intentado dar carta de naturalidad a esta anomalía, pero la cuestión no es precisamente menor por la afección en las regiones.

En el caso de Andalucía, la factura de esta parálisis es bastante alta: se pierden al menos 200 millones de euros anuales comprometidos en el Pacto de Estado por la Dependencia, por poner un ejemplo, pero también se pospone la creación del fondo de nivelación para corregir la infrafinanciación autonómica y se mantiene congelada la cantidad destinada a políticas activas de empleo.

El caso del empleo es de lo más ilustrativo. Andalucía recibe desde el año 2021 apenas 50 millones de euros para estas políticas, lo que la convierte en la comunidad peor financiada por desempleado: 647 euros frente a más de 2.100 en Baleares o 1.200 en Cataluña. Las cifras son elocuentes y hasta escandalosas. De hecho, la cantidad supone 394 euros menos que la media nacional. La consecuencia es un margen muy limitado para desplegar programas de inserción laboral en la región con más paro de España. Mientras no haya Presupuestos del Estado, estos números no van a variar.

La dependencia es otro de los capítulos más sensibles de ese agravio que supone la falta de nuevas cuentas nacionales. Entre los años 2021 y 2023, los incrementos estatales permitieron recuperar parte de la financiación perdida en la crisis anterior. Pero en 2024, con la prórroga de las cuentas, se interrumpió en seco el aumento que se venía produciendo. Andalucía deja de recibir, por tanto, 200 millones al año, mientras sigue soportando una de las listas de espera más largas para acceder a prestaciones. En estos momento, los datos ponen de manifiesto que en la comunidad andaluza hay que esperar una media de 587 días, o lo que es lo mismo, más de año y medio, desde que se entrega la solicitud de dependencia hasta que llega la resolución de la prestación y, por tanto, se logra esa atención a la que da derecho. La demora es la más alta del país y supone uno de los argumentos principales de crítica de la oposición regional socialista. Eso sí, no entran, por motivos obvios, en la incidencia que tiene en el asunto la falta del dinero estatal por no aprobarse las cuentas.

La ausencia de Presupuestos Genera del Estado, además, causa un importante grado de incertidumbre para la propia gestión autonómica. Sin cuentas aprobadas por parte del Gobierno central, variables básicas como las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica o los incrementos salariales de los empleados públicos —sanitarios, docentes, funcionarios— quedan pendientes de decretos posteriores, que llegan con retraso por normal general. En el año 2019, el Ministerio de Hacienda tardó once meses, once, en liberar las entregas a cuenta a las comunidades. En este ejercicio 2025, el dinero no ha llegado hasta este mismo mes de septiembre.

El contraste político es evidente. Antes de llegar a la Moncloa, Pedro Sánchez sostenía que no aprobar un Presupuesto del Estado era motivo suficiente para dimitir. Con ello atizó el PP. Hoy, su gabinete encadena dos ejercicios sin presentar proyecto alguno. Montero, que en Andalucía se reivindicaba como defensora de una financiación justa, se ha convertido en la ministra que prorroga la desigualdad y agranda el agravio.

La falta de esos presupuestos no es solo un problema contable: es un síntoma de falta de apoyos y de proyecto político. El Ejecutivo nacional prefiere sobrevivir a golpe de decreto y evitar el debate parlamentario que conllevaría exponer sus debilidades. Pero esa estrategia tiene un coste territorial y Andalucía lo paga con especial crudeza. Al final, lo que se prorroga no son solo las cuentas, sino también la marginación de una comunidad que sigue en la cola de las inversiones. Y lo que se revela no es únicamente la fragilidad de Sánchez, sino la paradoja de una ministra sevillana que prometió defender a Andalucía y hoy simboliza, con cada prórroga, su abandono.