María Jesús Montero cambia de táctica para no quemarse: diez días fuera de los focos tras propagar el bulo sobre la UCO

Con toda la atención informativa centrada en las intrigas de la 'fontanera' del PSOE Leire Díez, una militante que hasta hace pocos meses ocupó cargos directivos en Correos —que forma parte del conglomerado de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) dependiente de Montero—, la ministra de Hacienda ha adoptado un perfil bajo, alejado de los focos y las ruedas de prensa. Parece haber cambiado de estrategia. De la sobreexposición mediática y la hiperactividad institucional que mostró en los primeros meses del año, tras coger las riendas de la federación andaluza, ha pasado al silencio o al trabajo de despacho. Algo inédito en una política nada propensa a la contención verbal y gestual.

La última vez que la ministra sevillana compareció ante las cámaras fue el 31 de mayo pasado en la entrega de premios de Medio Ambiente Hermelindo Castro que los socialistas andaluces celebraron en el teatro municipal de Salteras (Sevilla). En una atención previa a los periodistas, utilizó el altavoz de su cargo gubernamental para propagar un bulo, el falso comentario del excapitán de la UCO de la Guardia Civil Juan Vicente Bonilla, fichado por el Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso, que supuestamente fantaseaba con poner una «bomba lapa» al presidente del Gobierno en una charla con un confidente.

Dando pábulo a la conversación mutilada que publicó el digital El Plural con frases sacadas completamente de contexto, Montero pontificó: «Es intolerable lo que estamos viendo y leyendo de alguien que está en este momento cobrando un sueldo público de los madrileños y, en definitiva, del conjunto de los españoles y que se refiere al presidente del Gobierno en términos de amenazas de muerte».

En un alarde de compenetración, los ministros Pilar Alegría y Óscar López salieron a atizar al excapitán y, de paso, a su jefa Ayuso. Ninguno ha rectificado el infundio que alimentó el Ejecutivo y al que el prestigioso periódico británico 'The Times' dedicó un artículo bajo el titular «El Gobierno español acusa falsamente a la policía de un complot para bombardear el coche del presidente». Tampoco Montero, que ve a Sánchez como víctima de la «máquina del fango», matizó sus palabras tras destaparse que todo era falso. Ni siquiera lo enmendó a medias y con circunloquios como hizo después de cuestionar la presunción de inocencia en los delitos sexuales por el caso Dani Alves.

A falta de comparecencias, esta red social se ha convertido en su principal canal de expresión. Tiene la virtud o el defecto, según se mire, de que con pocos caracteres y grandes dosis de reduccionismo, se le pueden cantar las cuarenta al adversario político. El ministro Óscar Puente, asiduo al barro tuitero, tachó al presidente andaluz de «suavón por fuera, pero falangista por dentro» por haber pronosticado que «al final Sánchez va a acabar convocando las elecciones a palos». Al linchamiento se sumó Montero, que tildó de violento a Moreno en otro mensaje en X. De poco sirvió que el presidente del PP regional tratara de aclarar que dicha expresión andaluza no tiene una connotación agresiva. Significa que uno actúa forzado por las circunstancias.

La ministra se quedó con lo anecdótico y nada dijo, en cambio, de la alusión directa a ella que hizo el mandatario andaluz en la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado viernes en Barcelona, donde estuvo presente. Tuvo que escuchar en directo cómo el presidente de la Junta martilleaba a su jefe con la reclamación de una reforma del sistema de financiación que perjudica a Andalucía en el reparto. Solicitó «lo mismo que pidió la señora Montero cuando el presidente del Gobierno era el señor Rajoy», remató Moreno. Desde su asiento, la ministra aludida le dedicó un gesto de desaprobación, pero la cosa no llegó a mayores.

La también vicesecretaria general del PSOE es la máxima responsable de las cuentas públicas y quien tiene la llave de la caja del Estado. Por sus manos pasa la revisión del modelo de financiación, caducado hace diez años, que ella reivindicaba al Gobierno del PP cuando era consejera andaluza de Hacienda.

Su otra misión como ministra, que es presentar el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado tras dos años prorrogados, está por ver que la lleve a cabo. No tiene amarrado el apoyo de Junts (Puigdemont) ni de ERC, con el que el PSC ha firmado un acuerdo para que Cataluña recaude todos sus impuestos en una suerte de cupo catalán parecido al vasco y navarro a cambio de la investidura de Salvador Illa.

Las cesiones a los independentistas catalanes como la quita de la deuda estatal, pactada primero con ERC, le ha supuesto un evidente desgaste a quien aspira a gobernar Andalucía. Pero no todo son desventajas. El 10 de febrero pasado convocó a la Prensa ante el edificio fantasmal del hotel de El Algarrobico en Carboneras (Almería) para anunciar la expropiación de parte de los terrenos. Hasta puso fecha a inicio del derribo: sería «en un periodo de cinco meses».

En su último acto público, previendo que va a ser muy difícil cumplir su promesa en un asunto que lleva años empantanado en pleitos y escollos burocráticos, se quitó presión de encima. «Si no lo hace él, lo haré yo cuando sea presidenta de la Junta», dijo apremiando al presidente andaluz a expropiar los suelos que se adentran más allá de la zona de dominio público marítimo-terrestre. El 10 de julio se cumplirá el plazo y no hay visos de que la piqueta aparezca por allí para echar abajo la mole.