María Jesús Montero ningunea ocho cartas de la Junta para acabar con el «maltrato» a Andalucía que ella también denunciaba

El modelo vigente de reparto de los fondos del Estado para pagar la sanidad, la educación y las prestaciones sociales resulta perjudicial para esta comunidad, como denunciaba la propia Montero cuando era consejera andaluza de Hacienda desde 2013 a 2018.

El intercambio epistolar de quejas y reclamaciones es en realidad un diálogo de sordos. Desde el 19 de agosto de 2022, cuando se lo solicitó por primera vez, la consejera ha escrito y apremiado a la ministra para que cambie la herramienta de redistribución de recursos en siete ocasiones más: 2 de febrero y 28 de noviembre de 2023; 17 de enero, 11 de julio (en una carta conjunta con los consejeros de Hacienda del PP en 12 comunidades y dos ciudades autónomas) y 13 de agosto de 2024. En 2025, la consejera volvió a demandar la reforma integral del sistema de financiación autonómica el 23 de junio y el 14 de julio. La destinataria no ha respondido a ninguna de las ocho cartas, según han corroborado desde la Junta.

La consejera andaluza ha emplazado a la ministra sevillana a utilizar su posición el Gobierno para desbloquear la reforma del modelo de financiación autonómica, atascada desde el año 2014, y poner fin de este modo al «agravio» y al «maltrato» económico a los que está sometida Andalucía. Para ganarse su complicidad, Carolina España le ha recordado a María Jesús Montero que cuando era responsable autonómica de Hacienda se enfrentó «decididamente a este problema de infrafinanciación».

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Antonio R. Vega

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La dirigente socialista pedía un día sí y otro también al Gobierno de Mariano Rajoy (PP) que revisara el sistema implantado en 2009, porque la igualdad de todos los españoles, al margen de donde nacieran, se estaba rompiendo.

«En Andalucía, la pérdida anual de este modelo supera los 1.500 millones de euros (el 0,7% del PIB regional)», alertó la actual responsable de las cuentas andaluzas en su penúltimo escrito dirigido a la ministra el 23 de junio pasado.

Desde el Ministerio de Hacienda no ven necesario enviar una respuesta escrita a las constantes peticiones del Gobierno andaluz. Aseguran que se le contesta con los hechos, las reuniones multilaterales y las propuestas que se llevan al grupo técnico permanente, el encargado de abordar el futuro modelo de redistribución de los fondos estatales.

Cuando se manda una carta y se anuncia su envío en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno andaluz es «parte del juego político y ahí se queda», advirtieron a ABC fuentes de su departamento. Además, culpan del bloqueo de la reforma a las diferentes posturas que el PP mantiene en los territorios que gobierna, hasta el punto de impedir votaciones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Hasta días antes de que se convirtiera en ministra en junio de 2018, Montero había hecho bandera de la falta de financiación del Estado a Andalucía. «Maltrato» lo llamaba. Hizo cuentas en el año 2018 y estimó que Andalucía necesitaba 4.000 millones de euros más de recursos para para mantener servicios básicos como la sanidad o la educación, que son competencia suya.

Fue la entonces consejera quien abanderó un acuerdo en el Parlamento andaluz en marzo de 2018, que contó incluso con el apoyo del PP de Juanma Moreno, que estaba en la oposición. El dictamen aprobado partía de la base de que se requería de una inyección extra de unos 16.000 millones de euros más al año para cubrir los gastos de los servicios públicos en el conjunto de España, cifra que se calculó teniendo en cuenta el coste de éstos en los ejercicios de 2014 y 2015.

Desde entonces ha cambiado el color de los gobiernos en Andalucía y Madrid. Donde mandaba el PP, ahora lo hace el PSOE y viceversa. Pero la posición de la Junta no se ha movido un milímetro. «Ese documento, que consiguió alcanzar tan amplio consenso político, sigue siendo reflejo, en lo esencial, de lo que desde Andalucía se entiende que son las claves que deben conformar un futuro sistema de financiación autonómica», expuso la actual portavoz de la Junta en la tercera carta enviada a Montero el 2 de febrero de 2023.

En diciembre de 2021, la ministra puso la primera piedra del nuevo sistema con el envío de un documento técnico a las comunidades que proponía un nuevo criterio de población ajustada, una variable que marca la necesidad de gasto ponderando el número de habitantes y otros factores demográficos y geográficos. La Junta rechazó la propuesta, entre otras razones, porque no ponía «ninguna cifra sobre la mesa».

Mientras la negociación de la financiación autonómica encallaba por las discrepancias entre las diferentes comunidades al margen de su color político, el Gobierno en minoría del PSOE y Sumar que salió de las urnas en 2023 pactaba bilateralmente con sus socios independentistas de ERC un cupo, concierto o financiación singular para Cataluña que le permitirá recaudar y gestionar los tributos estatales en su territorio haciendo una aportación «solidaria» al resto de España que ni siquiera se ha concretado.

Montero, candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones previstas en la primavera de 2026, es la encargada de hacer realidad las cesiones a Cataluña, que las comunidades del PP y también del PSOE (Castilla-La Mancha y Asturias) consideran discriminatoria para los ciudadanos de los territorios más pobres.

En su última carta del 14 de julio pasado, la consejera de Hacienda desechaba de plano el trato privilegiado a Cataluña. «Supone avanzar hacia un concierto económico que rompe la caja común y abre la puerta a un modelo insolidario e inconstitucional. Ello supone reducir los recursos de que dispone el Estado para hacer política redistributiva», se quejaba.

Lo rebatía rescatando de la hemeroteca frases enunciadas por la propia ministra como la que sigue: «Vigilaremos que no se caiga en la tentación de paliar los problemas de Cataluña compensándola económicamente en detrimento de otros territorios como Andalucía». O esta otra: «No caben negociaciones bilaterales para discutir un modelo de financiación porque todos bebemos de la misma fuente y comemos de la misma tarta». Palabras de María Jesús Montero que el actual Gobierno andaluz del PP las suscribe al pie de la letra.