Las contradicciones de María Jesús Montero: ahora demoniza los conciertos con la sanidad privada que apoyaba como consejera

La estrategia de asedio a la Junta de Andalucía por el flanco sanitario tiene un punto débil: pone a la actual vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda delante de sus propias contradicciones. Montero también derivó a clínicas privadas a pacientes que no podía operar en los hospitales públicos en su etapa como consejera de Salud de la Junta de Andalucía entre abril de 2004 y septiembre de 2013, hasta que la presidenta Susana Díaz la envió a la Consejería de Hacienda antes de que Pedro Sánchez la fichara como ministra en junio de 2018.

En su etapa como máxima responsable de la sanidad pública andaluza, Montero exprimió la fórmula de colaboración con empresas externas sin restricciones legales ni prejuicios ideológicos, e incluso dedicó una mayor proporción del presupuesto del SAS a estos conciertos de la que ahora destina el Gobierno al que acusa de «desmantelar la sanidad pública» y de «aumentar el negocio de la privada». Las adjudicaciones de emergencia de los servicios centrales del SAS entre los años 2020 y 2024, que están siendo investigadas por los tribunales, alientan esta estrategia de ruido de la oposición.

La realidad es que los conciertos con hospitales y clínicas privadas no son un invento del PP. Existían desde el año 1984, cuando el Estado transfirió a la Junta las competencias sanitarias. Montero extendió esta modalidad como un servicio «complementario» del SAS para cubrir sus carencias en la asistencia y aligerar las listas de espera quirúrgicas. «Ha sido una constante del sistema sanitario público de Andalucía», reconoció la entonces consejera de Salud el 16 de junio de 2010 durante una comparecencia en el Parlamento autonómico donde tuvo que responder a las críticas del parlamentario de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo hacia el uso de estos contratos.

Los datos le dan razón a la ministra. Entre 2010 y 2018, bajo gobiernos del PSOE, el porcentaje del presupuesto sanitario destinado a conciertos no bajó del 4,2%, según un informe del SAS. En su última etapa como titular de la cartera de Salud, las clínicas privadas recibieron contratos por un montante de 438,43 millones de euros en 2012, el 4,6% del gasto total, y de 404,66 millones de euros en 2013 (el 4,8%), coincidiendo con la poda presupuestaria aplicada a los servicios públicos motivada por la crisis económica.

Al año siguiente, 2014, siendo ya consejera de Hacienda y la responsable de presentar las cuentas, la porción del gasto en conciertos se disparó hasta el 5,05% del total. Cuando Juanma Moreno se estrenó como presidente en enero de 2019, ese porcentaje estaba en un 4,19%. En 2024 se redujo al 3,92% del presupuesto que maneja el SAS. En las cuentas de 2025 se reserva a contratos con centros privadas el 3,7% de las cuentas de la agencia pública, que alcanzaron la cifra récord de 14.870,68 millones de euros.

Esta tendencia solo se rompió en 2022, cuando la porción supuso un 5,02% del presupuesto, aunque menos que la media española ese año (6,3%), según el Ministerio de Sanidad. En dicho ejercicio la Junta tuvo que pagar 124 millones a las clínicas Pascual para saldar una deuda contraída en el último gobierno del PSOE, que se negó a firmar el contrato de prórroga con la compañía por la prestación de sus servicios en cinco hospitales concertados en Cádiz. A cambio, la empresa renunció a seguir pleiteando con la Junta.

María Jesús Montero ha echado tierra sobre este pasado y levantado una muralla entre el modelo del PSOE, que ella gestionó como consejera de Salud, y el que abandera el presidente de la Junta al que aspira a desalojar en las próximas elecciones previstas en junio de 2026. Su hilo argumental es resume en que el legado en los gobiernos socialistas fue una gestión sin mácula –«fuimos un referente en derechos sanitarios», proclamó el pasado viernes–, mientras que la del PP es una calamidad. «Tiene la sanidad peor que nunca porque no sabe gestionar y aumenta el negocio de la sanidad privada», según dijo el pasado 5 de abril. Moreno «ha optado por el desmantelamiento de la sanidad publica de forma descarada», aseguró ante el comité director del PSOE-A el pasado 16 de mayo.

La ministra de Hacienda no tuvo siempre una visión tan negativa de los conciertos con la sanidad privada, no al menos cuando ella la utilizaba para agilizar operaciones y pedía a IU que no la «demonizara». La hemeroteca rebosa de pruebas. «En ningún caso, la colaboración o complementariedad en Andalucía con las empresas privadas pone en peligro el carácter público de la sanidad», proclamó el 16 de junio de 2010. «La actividad de concierto en el sistema sanitario publico no resta calidad, no resta carácter público en cuanto a disponibilidad de recursos para los ciudadanos», dijo el mismo día, según refleja el diario de sesiones de la Cámara.

Como consejera había establecido ocho conciertos que incorporan o incluyen 17 centros homologados. Montero reivindicó el «importante perfil social» de los acuerdos con clínicas privadas cuando era consejera. «Me refiero a los más de 8.600 andaluces que, durante el año 2009, pudieron operarse de cataratas, evidentemente en el periodo de garantía, o las 7.600 intervenciones que se hicieron en traumatología, 2.000 de hernias inguinales o 2.000 varices que se operaron», detalló. Todo a través de la misma fórmula de conciertos que ahora utiliza como munición pesada contra el Gobierno del PP.