María Jesús Montero se autoenmienda y promete limitar los conciertos con la sanidad privada que ella firmaba cuando era consejera
La secretaria general propone también prohibir las derivaciones de pacientes de la Atención Primaria a centros privados durante su primer Comité Director del PSOE andaluz
Montero recortó en casi 1.500 millones el gasto en la sanidad pública andaluza siendo consejera de Salud
María Jesús Montero promete que «la inteligencia artificial piense en andaluz» y repartir riqueza si es presidenta de la Junta

En los problemas que arrastra la sanidad pública andaluza —listas de espera, demoras en la Atención Primaria y la doble investigación judicial por contratos con clínicas privadas— María Jesús Montero ha encontrado el combustible como secretaria general del PSOE andaluz para cañonear ... a discreción contra el presidente andaluz, Juanma Moreno (PP). Consciente del descontento que los retrasos en las consultas médicas y las intervenciones quirúrgicas generan entre los ciudadanos, la vicepresidenta primera del Gobierno explota ese filón para desgastar a su adversario y alfombrar su camino hacia el Palacio de San Telmo, la sede de la Presidencia autonómica que los socialistas perdieron en las elecciones del 2 de diciembre de 2018.
El objetivo número uno que Montero se ha marcado –y para el cual Pedro Sánchez la lanzó a liderar el PSOE andaluz– es recuperar Andalucía. Lo dejó este viernes meridianamente claro durante una intervención de casi una hora en su primer Comité Director del partido celebrado en un hotel de San Juan de Aznalfarache (Sevilla). Como gesto simbólico lo hizo coincidir con los cien días desde su proclamación como nueva secretaria general en sustitución de Juan Espadas, el exalcalde de Sevilla que en su día fue promovido por Ferraz para derrocar a Susana Díaz. «Mañana llegaremos a San Telmo, pasado mañana a los ayuntamientos. Lo haremos con alegría», proclamó la nueva dirigente.
El problema de armar una guerra sanitaria contra Moreno es que Montero ha gestionado como consejera este servicio público durante más de nueve años (2004-2013) y que el PP puede devolverle cualquier crítica rebuscando en la hemeroteca. A pesar de esa pesada 'mochila', la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda no renuncia a utilizar la baza sanitaria si ello le permite llegar a su meta, que es gobernar. La usa hasta para lanzar compromisos que representan una enmienda a sí misma y a su pasado.
La María Jesús Montero candidata —ella misma da por hecho que lo va a ser aunque oficialmente no ha sido designada– prometió que, si gobierna, aprobará una ley para limitar los conciertos con las clínicas privadas en la sanidad pública y también para que «jamás puedan concertarse las consultas de la Atención Primaria» con empresas externas al Servicio Andaluz de Salud (SAS). Aseguró también que va a «recuperar derechos» que se han quedando «por el camino» con el Gobierno del PP como los de «elegir centros sanitarios», tener «una segunda opinión, recibir cuidados paliativos» y «una muerte digna».
Contratos sanitarios por casi 500 millones
Siendo consejera de Salud de la Junta de Andalucía, en el año 2012, María Jesús Montero firmó hasta siete conciertos sanitarios por un montante de 485 millones de euros con clínicas privadas. De hecho, fue un gobierno socialista quien ideó el actual modelo de derivaciones de determinadas operaciones a clínicas privadas que ha seguido utilizando el PP para desatascar las listas de espera.
Siendo consejera promovió y firmó conciertos con clínicas privadas y negó que fueran «un peligro para la sanidad pública»
El 16 de junio de 2010, la entonces consejera defendió en el Parlamento andaluz los «servicios complementarios» que se prestan a través de los conciertos con centros hospitalarios privados o para determinadas pruebas o exploraciones. Entonces gobernaba el PSOE y no existía ninguna limitación legal para concertar más allá de las reservas presupuestarias.
«En ningún caso, la colaboración o complementariedad en Andalucía con las empresas privadas pone en peligro el carácter público de la sanidad», por lo que «quien vea en ello un peligro para la sanidad pública hace juicios de valor interesados», advirtió Montero. Se defendía de las críticas del parlamentario de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo, quien se quejó de que había «17 centros concertados y 2.500 camas también concertadas con lo privado, fundamentalmente en Málaga y Cádiz».
Anticipando una larga precampaña, la ministra prometió también en materia de dependencia «un nuevo sistema de cuidados más ágil, más humano, más accesible y, por tanto, más justo», que «respete la dignidad de las personas», así como a «agilizar prestaciones, eliminar esperas injustificadas» y que «cada persona reciba una respuesta ajustada a sus necesidades».
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