La sombra del excomisario Villarejo en el mercado inmobiliario de Marbella

Según la Fiscalía Anticorrupción, Villarejo asumió el 24 de julio de 2015 como titular real del Grupo CENYT, y en concreto a través de la mercantil Stuart & Mckenzie, el encargo realizado por Katarzina para realizar una investigación encaminada a ejercitar las acciones penales y civiles a que hubiera lugar con motivo de los conflictos que mantenía con Gómez Zotano.

El Ministerio Público dice que Villarejo autorizó la contratación y supervisó su posterior desarrollo. Le achaca de manera concreta el acceso a fuentes policiales no abiertas para la obtención de datos.

La disputa inmobiliaria tenía su origen en el contrato de arrendamiento con opción de compra de ambos sobre una vivienda en Benahavís propiedad de Zotano. Ese contrato acabó en una querella por parte de Katarzina en los Juzgados de Marbella. La denuncia terminó siendo archivada, así como a diversos procedimientos civiles.

Sin embargo, en las acciones judiciales y en la investigación sobre Gómez Zotano, Anticorrupción cree que intervino el Grupo CENYT y, en su condición de letrado del bufete Stuart & Mckenzie, Rafael Redondo. Ahí, la Fiscalía sitúa al resto de mandos policiales dentro de la «organización criminal».

Según el Ministerio Público, Villarejo, en cumplimiento del encargo realizado por Katarzina, llevó a cabo una investigación sobre Zotano. Al acabar emitió un informe fechado el 7 de septiembre de 2015, que llegó a ser presentado en el Juzgado de Marbella. En el curso de esa investigación, añade Anticorrupción, los encausados llegaron a acceder a datos de carácter reservado del propio empresario.

En dicho dossier constaban todas las escrituras públicas que el empresario marbellí había otorgado ante todos los notarios españoles y que obraba en el Órgano Centralizado de Prevención del Consejo General del Notariado. Aportaron información de las bases policiales, como un fichero de huellas dactilares que el Cuerpo Nacional de Policías utiliza y que se nutre de los datos obtenidos de los expedientes del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Según explica el Ministerio Público, no consta que Katarzina realizara pago alguno. No hay rastro de cobros en el bufete Stuart & Mckenzie ni en ninguna otra de las sociedades de Grupo CENYT. Sin embargo, en la hoja de encargo de servicios de 24 de julio de 2015 sí se pactaron honorarios a percibir por Villarejo, como titular real de CENYT.

El excomisario por este trabajo, según la Fiscalía Anticorrupción, cobraría un porcentaje de los bienes que se llegaran a recuperar en los procedimientos judiciales. En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción atribuye los delitos de cohecho pasivo, de descubrimiento y revelación de secretos. Por eso solicita nueve años de cárcel para Villarejo.

A la vez, solicita ocho años para el exinspector de la Comisaría General de Información Constancio Riaño como ser quien obtuvo la información, así como cuatro años y nueve meses para Redondo y el exinspector Antonio Bonilla.

Aunque en un principio el Ministerio Público reclamaba nueve años para el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, finalmente no será juzgado en esta pieza porque el juez de instrucción acordó el archivo provisional debido al ictus que sufrió en mayo de 2022 y que conllevó a una «incapacidad mental sobrevenida, y como consecuencia su inimputabilidad».