Sean Connery: vida tranquila y amistades peligrosas en Marbella

Como otras muchas estrellas llegó a través del Marbella Club Hotel , que fundara el príncipe Alfonso von Hohenhole. La nómina de personalidades es extensa. Audrey Hepburn, María Khallas, Kim Novak, James Stewart, Gina Lollobrigida, Brigitte Bardot o Ava Gadner tomaron un descanso en la ciudad en aquella época. Sean Connery fue uno de los primeros que decidió invertir y construirse una casa donde regresar cada año a descansar. Pese a tener domicilio propio seguía acudiendo con asiduidad al club del hotel a cenar o a pasar la tarde con amigos.

Algunos testigos de aquellos años, donde las grandes personalidades de Hollywood paseaban por la ciudad, aseguran que Connery se dedicaba a jugar al golf y a descansar bajo el clima de la costa . De hecho, se cuenta que fue el propio Connery el que invitó a Gert Förbe –Auric Goldfinger en aquella famosa secuela de James Bond– a vivir en la ciudad. La figura de Sean Connery está muy presente en Marbella, al margen de los requerimientos judiciales contra su esposa. En los restaurantes del centro muchos son los dueños que cuelgan una foto con el actor en las paredes . No es menos Restaurante Santiago, donde las estrellas pasaban grandes jornadas y donde su dueño, Santiago Domínguez, se ha convertido en un verdadero guardián de los secretos de mesa de estas personalidades.

Sean Connery tuvo un hogar en la ciudad durante más de diez años. La casa fue retratada infinidad de veces y la felicidad brotaba en las instantáneas del jardín o del salón. La vida del actor a orillas del mar acabó tras una década en la «Finca Malibú» , pero la venta y los problemas judiciales no cerraron su vinculación con la ciudad. El bufete de abogados de Héctor Díaz Bastien, cuyas oficinas están en Ricardo Soriano, la avenida principal de Marbella, sigue llevando el proceso judicial del caso «Goldfinger». Es este bufete una de las piezas claves para comprender dicho proceso, ya que los responsables del mismo incluso han tenido que declarar en los diversos juicios por su papel en los devaneos urbanísticos en los terrenos del actor.

La relación con Jesús Gil ­–entonces alcalde– comenzó siendo excelente , pero acabó con el primer edil pidiendo no ver al actor cuando aparecía por el Ayuntamiento. Se cuenta que la participación de Sean Connery en un video electoral de Gil rompió las relaciones. La amistad pasó de los elogios y la afirmación de ser «almas gemelas» a los tribunales por los derechos de imagen del actor, que se sintió traicionado por el uso de su imagen en una de esas campañas donde Jesús Gil prometía «enriquecerse, pero repartir la riqueza con los marbellíes» .

Pese a su ruptura con el primer edil de Marbella, sus lazos con el «gilismo» siguieron patentes y hombres del aparato como Juan Antonio Roca gozaron de la compañía del cotizado intérprete. Amistades que se vieron finalmente envueltas en tramas corruptas y que hoy cumplen penas de prisión por aquellos años de expansión urbanística y enriquecimiento ilícito.

En medio de aquella vorágine del «todo vale mientras me pagues» parece que acabaron envueltos los terrenos de Sean Connery. Una propiedad que desde el principio se vio envuelta en problemas de diferente índole. Una de las primeras trabas legales surgió cuando el actor quiso disfrutar de la playa que había delante de «Finca Malibú» en exclusiva . En España no se permiten las playas privadas y ello llevó a uno de los primeros desencantos de «James Bond» con el lugar donde había decidido vivir.

Ahora los problemas renacen, pese a que el actor vive en Bahamas y lleva años sin pisar Marbella. La Fiscalía acusa a la esposa del actor de «cooperadora necesaria» de un delito contra la Hacienda Pública. Al parecer usó para ello la empresa «By The Sea S.L.». El fiscal le culpa de no abonar el impuesto sobre sociedades del ejercicio 2006, que ascendía a 7,6 millones de euros y con el agravado de «la utilización de persona interpuesta». Por esto, el Ministerio Fiscal pide una pena de dos años y medio de prisión para la señora Connery y una multa de más de 23 millones de euros .

Todo comenzó con la construcción de 72 apartamentos de lujo al margen de la normativa urbanística , donde sólo se permitían viviendas unifamiliares y donde las cámaras de seguridad cada diez metros en la valla exterior dan nociones de la seguridad que tiene instalada el complejo. Un residencial que se encuentra en la parte de playa de Nueva Andalucía, en Puerto Banús. La licencia para esas construcciones se otorgó por parte de equipos de gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL) y amparándose en una modificación del Plan General Ordenación Urbana (PGOU). Un PGOU que finalmente no fue aprobado por el órgano autonómico competente y cuyos valedores políticos se encuentran en prisión por diversos motivos ligados a su acción política.