El PP exige la reapertura del centro de menores de Estepona, abandonado desde 2014

Así, la vicesecretaria de Sociedad de Bienestar del PP-A, Ana Mestre, reclamó ayer a la presidenta Susana Díaz que apruebe con «carácter urgente» una partida presupuestaria para recuperar el edificio y que pueda albergar a menores en un momento en el que debido a la oleada de inmigrantes, los centros se encuentran desbordados. Para Mestre, este edificio «es el ejemplo de los despropósitos lamentables de las políticas sociales del PSOE».

Mestre mostró ayer su preocupación por la situación de los estos niños y también de los profesionales «enfrentados a la precariedad, obligados a hacer frente a una avalancha sin los medios suficientes, con la ratio de los centros triplicada y cuadruplicada y con brotes de tensión».

Tal y como ya adelantó ABC la semana pasada, el centro Isdabe de Estepona se inauguró en 2008, tras unas obras de rehabilitación que supusieron un coste de 1,5 millones de euros . El complejo estaba especializado en la atención a los Menas, de hecho la mayoría de los que se atendieron eran de nacionalidad marroquí. Sin embargo, en 2014 comenzaron los problemas. La gestión del centro salió a licitación pública contando con una plantilla de cuatro educadores, cuatro auxiliares técnicos, un orientador, una trabajadora social a media jornada y una directora. El concurso público lo ganó la Asociación a favor de la Salud Integral, Bienestar Social y Medio Ambiente (Asaint), que decidió subrogar a los trabajadores.

Estos denunciaron a la gestora, que tuvo que readmitirlos en 2015 , con un incremento en el capítulo de personas que acabó por ser fatal. La readmisión de 17 trabajadores supuso un esfuerzo inversor que no se pudo sostener en el tiempo.

Era un centro deficitario. Cada mes, necesitaba 45.000 euros para poder subsistir, pero la subvención de la Junta de Andalucía se quedaba en 37.000 euros. No había forma de conseguir más dinero y en marzo de 2016 acabó echando la persiana. Adel Tensani, portavoz de los empleados, culpó entonces a «los recortes de la propia Junta» de la clausura de este lugar de acogida.

Los menores se marcharon a centros similares de otras provincias . Fuentes de la Consejería de Igualdad y Política Social aseguran, no obstante, que su cierre no supuso una supresión de plazas, sino que hubo una redistribución de las mismas en otros centros de la provincia.