Las «mordidas» de Astapa en Estepona acabaron en safaris y prostitutas

Del exalcalde, el socialista Antonio Barrientos, el fiscal dice que «dispuso de una fuente oculta de ingresos» que le permitió entre 2003 y 2008 ahorrar el 71 por ciento del su sueldo, pese a gastar 86.862 euros en ese período. Afirma el documento que recibió regalos como botellas de gran reserva o cajas de puros, pero también viajes, cenas por varios miles de euros, hoteles con gastos de 600 euros por noche o cheques de hasta 25.000 euros. Incluso, apunta el fiscal a que Barrientos fue obsequiado por Aedificat 2002 con el pago la factura de 236.000 euros de la reforma de una vivienda que adquirió valorada en 580.000 euros. Anticorrupción pide para el exregidor más de 10 años de prisión.

No fue el único agraciado. El jefe del Gabinete de Alcaldía, José Flores, para el que se piden también más de 10 años de prisión, se le apunta como el gestor de la «Caja B» del Ayuntamiento con mordidas de empresarios y de las aportaciones a la «Caja C» con regalos personales y pagos para actos del PSOE y el PES.

Según Anticorrupción, Flores obtuvo invitaciones a eventos y se le llegó a abonar 932,50 euros en 2007 para actividades en el club de alterne Milady Palace de Marbella por parte de empresa Valle Romano. «También dispuso entre los años 2003 y 2008 de fuentes ocultas de ingresos», remarca el escrito de calificación, que destaca que empleó un testaferro para ingresar en cuentas bancarias casi 97.000 euros y realizar compras por unos 50.000 euros. 

Francisco González era el subordinado de Flores en el Gabinete de Alcaldía, donde estaba facultado para ralentizar o agilizar los expedientes, se benefició de los obsequios navideños de la empresa Valle Romano, de una pantalla de plasma y de las vacaciones familiares a Rivera Maya, Tanzania y Zanzíbar pagadas por Aedificat 2002, según la Fiscalía, que no le pide prisión. El líder del PES, Juan Ignacio Crespo, también recibió «importantes sumas de dinero en efectivo» y tiene una petición superior a los 10 años de prisión. La Fiscalía no logra acreditar la procedencia de 42.000 euros de los 136.000 que gastó en los muebles de su casa.

Manuel Reina, concejal de Economía y Hacienda, con otra petición de más 10 años de cárcel, montó una sociedad para confundir el patrimonio de las sociedades con el suyo personal –siempre según la calificación–. Explotó un negocio de gestoría a nombre de su cuñado cuya cartera de clientes «creció notablemente mientras ejerció responsabilidades en el gobierno».

Reina adquirió en 2005 un garaje y una vivienda mediante escritura de aceptación de herencia y extinción de condominio, pagando 120.000 euros de los que no acredita su procedencia. Compró un local comercial por 228.000 euros, un apartamento en Benahavís por 167.856 euros y un piso en el centro de Estepona por 350.000 euros, además de numerosas inversiones con dinero de «origen desconocido» .

En más de dos millones de euros dice la Fiscalía que Francisco Zamorano incrementó su patrimonio como consejero en la empresa municipal de Urbanismo. Anticorrupción le pide más de 10 años de prisión por recibir «comisiones que exigió al implicarse como intermediario en operaciones». La Fiscalía apunta a que invirtió esas ganancias en la compra de una oficina, que luego arrendó la Empresa Municipal de Vivienda y Aparcamientos para obtener rentas por 86.000 euros. Compró también un ático y plazas de garaje, locales comerciales con precios entre los 356.000 euros y 588.000 euros , propiedades familiares, un apartamento en Marruecos y otro en Benahavís.

Zamorano montó Lauzavi S.L. a nombre de su mujer, que contabilizó casi 400.000 euros de beneficios sólo en 2008 , pese a que «nunca tuvo personal asalariado, tampoco contrataba a profesionales externos, carecía de local y no disponía de la mínima estructura empresarial», según el fiscal, que cree que la sociedad «contribuía a ocultar la procedencia delictiva de una parte de sus ganancias», procedentes de comisiones que pagaban las empresas de la trama a esta compañía «fantasma».

La Fiscalía se fija, por último, en el abogado Juan Simón, ya fallecido, al que acusa de explotar sus vínculos personales y políticos con quienes gobernaban el Ayuntamiento de Estepona para «obtener tratos de favor». Era el «conseguidor» para resolver situaciones de conflicto . Los ingresos percibidos por este trabajo fueron el origen de buena parte de su patrimonio, que trató de ocultar a través de sociedades pantalla.