Monitoras escolares a 300 euros: las «kellys» de la Junta de Andalucía

Su labor es ser un «comodín» dentro del centro para casi todo tipo de tareas de apoyo, desde ayuda al equipo directivo o los profesores, relaciones con las asociaciones de padres, tareas administrativas o cuidar de los alumnos. Las 632 profesionales andaluzas son las encargadas, por ejemplo, de quedarse con un niño enfermo hasta que llega su familia o de ayudar a las familias con la matrícula del curso siguiente.

Este servicio a la Junta en muchos casos le supone el gasto de un contrato de 8 horas semanales por 300 euros al mes . Esa es una de las nóminas que paga la administración, que estipula dos tipos de convenios con estas empleadas: 200 con carácter fijo y 432 discontinuas. Las primeras trabajan los 12 meses del año. Sin embargo, las otras son despedidas los meses de verano . «Si podemos, cobramos el paro para tener ingresos esos meses», asegura Virginia Vázquez, representante de CC.OO. y monitora en un colegio de Málaga.

Las jornadas también son de12 horas semanales por 400 euros al mes y de 20 horas por 700 euros al mes. « Contratarnos a todas los 12 meses del año supondría una inversión de 900.000 euros anuales», explica Vázquez, cuyo sindicato salió ayer miércoles a la calle para pedir un trato igualado a todos los empleados de administración andaluza con una jornada de 35 horas, «porque volumen de trabajo hay en los colegios para ocupar esas horas».

«Nos podemos hacer cargo de la biblioteca, pero no lo hacemos porque no tenemos horas de trabajo para sacar adelante todos los servicio s. El de biblioteca, por tanto, no se presta y lo hacen los profesores», pone como ejemplo esta monitora.

A esto se suman aquellas profesionales que tienen asignado más de un colegio. A esos sueldos hay que descontarle los desplazamientos entre centros , que se encuentra en diferentes municipios y que la Consejería de Educación no asume. Las profesionales compartidas por varios colegios solo atienden con servicios mínimos a dos centros durante la semana. En Andalucía hay 1.037 colegios públicos y se pide la contratación de 405 monitoras más para mejorar la calidad de la Educación.

La situación laboral en la que se encuentran genera conflictos. «Para las que no estamos contratadas todo el año las vacaciones son un problema», asegura Vázquez, quien explica que están obligadas a disfrutar de vacaciones, ya que la Administración no paga esos días. «Nos despiden en verano, por lo que tenemos que coger esos días en los meses más flojos de actividad en el colegio, que casi siempre es en noviembre», remarca.

La otra posibilidad es tener las vacaciones de forma parcial por servicios. Cerrar la Secretaría ciertos días y luego igual con otras de las labores que se desempeñan, hasta cumplir con el período de asueto mientras se trabaja. «Eso crea problemas en el centro. Los padres no entienden que la Secretaría no esté abierta en medio del curso, cuando el colegio estuvo cerrado dos meses en verano», señala Vázquez, como una de las fuentes de discusión.

Este hecho obliga a los profesores a abandonar parte de sus labores docentes para ocuparse de temas administrativos del centro, que no puede hacer la monitora para cumplir con la legislación.

Esta situación arranca en 2005. El Gobierno andaluz privatizó el servicio de monitores de los colegios para aligerar costes en Educación. En 2008 tras varios cambios de concesiones se entró en impago y las profesionales pusieron más de 600 denuncias a la inspección de trabajo por ser trabajadoras encubiertas de la Administración regional.

En 2012 la empresa privada que las contrataba les redujo las jornadas y en 2013 las despidió. La Justicia dijo a la Junta que tenía que readmitir y comenzó a fallar a favor de las monitoras, ante la posibilidad de perder 632 pleitos, las readmitió en 2015 con las condiciones que la empresa impuso de forma unilateral en 2012.

La propia consejera de Educación, Sonia Gaya, al inicio del curso dijo en el Parlamento que el Gobierno andaluz cumplía estrictamente con la sentencia para justificar la precariedad del sector. «No entendemos que un gobierno que se manifiesta por la igualdad, las pensiones o el empleo de calidad, tenga en estas condiciones a un sector copado por mujeres, que no tendrán derecho a una pensión digna », explica Virginia Vázquez.