Marbella acumula casi 500 denuncias derivadas del enchufismo en el Ayuntamiento

Los representantes de los 3.100 empleados municipales –800 funcionarios– lamentan que el Consistorio sólo haya contestado a un escrito de los 120 escritos presentados por estos motivos en los últimos dos años . «Se ha interpuesto una demanda por vulneración de derechos fundamentales», ha explicado María Rosa Quero, presidenta de la Junta de Personal.

Las denuncias hacen que cada año el Ayuntamiento tenga que consignar dos millones de euros anuales para el pago de sentencias que, según la Junta de Personal, se quedan cortos, por lo que el Consistorio debe recurrir a la partida de Contingencias para abonar los gastos derivados de estas demandas.

Las denuncias llevan, según estos empleados, a que se esté habilitando un área dentro del departamento de Recursos Humanos para cuestiones jurídicas, dotada con cuatro trabajadores. «En la contratación del personal no se garantiza la igualdad, el mérito y la capacidad», ha apuntado Quero, quien ha lamentado que los contratos «a dedo» no sean una excepcionalidad.

«La libre designación es el sistema que se aplica con carácter general en el Ayuntamiento de Marbella», ha remarcado la presidenta de la Junta de Personal, que denuncia que las Ofertas de Empleo Público anunciadas por el equipo de gobierno para 2016 «no se han puesto en marcha». «No se está trabajando en las bases para las contrataciones y no se ha iniciado la Oferta de 2017», ha afirmado Quero.

No sólo se aplica este «criterio» en las contrataciones. Marbella paga anualmente dos millones de euros en complementos de productividad a «ciertos» funcionarios. «Se están concediendo, numerosos y con cantidades excesivas, pluses de productividad con criterios discrecionales», ha denunciado María Rosa Quero , que también ha remarcado los problemas surgidos de la integración de los Organismos Autónomos Locales (OALES), herederas de la administración paralela que fomentó Jesús Gil y que, según la Junta de Personal, «ha coartado de por vida» el derecho a tener carrera profesional a muchos funcionarios.

Todo esto lleva a los funcionarios a judicializar la activad administrativa del Consistorio con las consecuencias ya reseñadas. «Pese a las sentencias en contra, nadie asume las responsabilidades políticas», ha explicado Quero, quien remarca que los «nombramientos a dedo» conllevan también la reestructuración de algunos departamentos. «Oficialmente se ha cambiado Urbanismo, pero se están haciendo modificaciones en Derechos Sociales, Cultura y la Tenencia de Alcaldía de San Pedro», ha enumerado la funcionaria, quien subraya que todas estas modificaciones «se han hecho a dedo».

Ante la denuncia, los funcionarios revelan actos de represión contra el colectivo y contra la Junta de Personal por parte del equipo de gobierno. «Se nos ha abierto un expediente informativo por conseguir un decreto irregular al que se nos había negado el acceso», ha señalado Quero, que ha recordado cómo el secretario de la Junta tuvo que ir a declarar para un intento de «depurar responsabilidades» por la filtración del documento. El citado decreto reseñaba, según la presidenta de la Junta de Personal, un nombramiento a dedo para un cargo de funcionario. Algo que, según los funcionarios, conlleva a que haya delegaciones, como Participación Ciudadana, donde «no hay ningún funcionario» o algunas otras, como Medio Ambiente, donde sólo hay uno en toda la plantilla.