Un juzgado concluye que la Junta tenía «pleno conocimiento» de lo que ocurría en Isofotón

La querella fue presentada el pasado mes de octubre contra ambos responsables en relación con su actuación en las empresas Affirma SL, Isofotón SA y Silicio Energía SA, siendo partícipe en esta última la agencia IDEA con un 17 por ciento.

La sociedad dependiente de la Junta alegaba falta de transparencia en la gestión, ocultación de información y negativa a celebrar junta de accionistas para justificar el inicio de acciones legales. No obstante, la autoridad judicial falla en un auto a favor de los hermanos Serrano después de que ofreciesen datos «sobre las reuniones con IDEA, el traslado de información y el intento de celebrar una junta», agregando que «había sido el letrado de la agencia el que se negó a recibir la documentación» .

Además, ambos responsables dijeron en sus declaraciones -«de forma clara y precisa»- que el destino de las cantidades recibidas por la firma, insistiendo la instructora «en el pleno conocimiento de IDEA de toda las decisiones que se tomaban en la sociedad ».

Hay que recordar que entre 2010 y 2012, periodos en los que la delicada situación de Isofotón era pública, la agencia dependiente de la Consejería de Economía, Innovación Ciencia y Empleo concedió a la firma tres avales por 29 millones de euros . Tres partidas que el comité de empresa denunció a la juez Mercedes Alaya al considerar que la Junta estaba subvencionando a la compañía «sin control alguno». Un caso que ahora investiga el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla.

La titular del juzgado malagueño acuerda ahora el archivo provisional de la Junta a la vista de que las explicaciones de los dos exresponsables de la entidad «aparecen justificadas por la documental presentada» y de que el ministerio fiscal «no se pronuncia» al respecto. Decisión similar adoptó la Fiscalía ante una denuncia de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea), también dependiente de la Junta, en relación al destino de una ayuda de 8,3 millones señalando que la empresa pública «renunció, por las razones que sean, a conocer el verdadero estado financiero del grupo» .

Fuentes de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio expresaron ayer su respeto a las resoluciones judiciales y anunciaron a Europa Press que los servicios jurídicos estudiarán los posibles recursos que puedan presentarse.