La Junta levanta el veto al centro comercial más grande de Andalucía

Se trata de una inversión de 400 millones de euros, que crearía unos 4.000 empleos directos y otros 3.000 indirectos, según las estimaciones de la promotora. El centro está diseñado con 8.000 metros cuadrados de espacios multiusos. Tiene capacidad para 2.000 personas y más de 23.000 metros cuadrados dedicados a deportes alternativos y la cultura urbana.

Debe ser, según los promotores, una nueva oferta cultural y de ocio con parque temático infantil, circo permanente, mercado gourmet, el acuario «más innovador de Europa» y espectáculos con juegos de luz y color en el agua. Habrá actividades deportivas, como pista de esquí, «pump track», piscina de olas, túnel de viento, zona de escalada y un área multiaventuras. En total, son más de 65.000 metros cuadrados de zonas verdes públicas con más de 3.000 árboles, que conllevan la creación de una red de agua reciclada para Torremolinos y que el cien por cien de la electricidad consumida sea verde.

El PGOU de Torremolinos tenía su aprobación parcial desde 2017, pero estaba a la espera de superar las suspensiones sobre el trazado de los accesos de entrada y salida al parque para ser definitivo. Una vez resueltos con el Ministerio de Fomento los trámites necesarios y aprobado el nuevo proyecto, la Junta ha dado luz verde al PGOU completo y al proyecto del grupo británico.

La Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CTOTU) de Málaga ha levantado el veto junto con otros tres planes generales de ordenación urbana (PGOU) de la provincia. En concreto, la comisión también ha aprobado los expedientes de levantamiento de suspensión de Jimera de Líbar, Júzcar, Macharaviaya, este último llevaba más de 18 años esperando una aprobación definitiva. En el de Júzcar el plan se aprobó parcialmente en julio de 2018 y en Jimera de Líbar fue en enero de este año.

El Gobierno andaluz explica que estas aprobaciones se producen gracias a las nuevas instrucciones puestas en marcha por la Junta de Andalucía para agilizar, aclarar y adelgazar la maraña administrativa urbanística de la Administración regional, que afectaba al desarrollo y la regulación de suelo de unos 300 municipios andaluces.