La Junta de Andalucía defiende los procesos de contratación en IDEA, pero está abierta a su revisión

Ha sido durante la presentación en Málaga del Informe sobre la Situación Socioeconómica de Andalucía 2015 cuando Maldonado, a preguntas de este periódico, ha desmentido cualquier anomalía en los procesos de contratación de este organismo.

«Es una agencia que está sometida a las leyes de la comunidad autónoma andaluza, auditada por la Intervención General del Estado, la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas y en toda su política de personal llevada a cabo en los últimos años no hay ningún hecho irregular», ha manifestado.

El consejero, que ha afirmado que la información publicada hoy por este periódico es «tendenciosa» y que «persigue aquello de “mancha que algo queda”», no ha entrado a valorar las conexiones de un grupo amplio de empleados con las esferas socialistas, y simplemente ha manifestado que se ofrecía un «batiburrillo» de nombres.

«Mezcla puestos de responsabilidad, de directivos, que están nombrados por consejo de Gobierno, con otros de trabajadores que no tienen nada que ver los unos con los otros», ha agregado, pero sin opinar sobre la «casualidad» de las relaciones desveladas.

Cuestionado por el hecho de que IDEA esté en el foco de varios procesos en los tribunales , ha declarado que «nos preocupa que, como cualquier otra agencia o consejería, aparezca en cualquier tipo de investigación judicial».

«Lo único que hacemos desde la Junta de Andalucía ante cualquier caso es colaborar con la justicia y dejarla trabajar, ya que es la que tiene que poner de manifiesto si hay algún tipo de irregularidad», ha reiterado Sánchez Maldonado.

Aunque ha insistido en que este organismo ha superado las auditorías de diversas instituciones fiscalizadoras, ha dejado abierta la puerta a revisar los protocolos de contratación, ya que –a pesar de que su estructura pueda ser privada– no se puede obviar su esencia pública. «Habría que estudiarlo» , ha respondido a la pregunta de que sus empleados realizaran una oposición –como han realizado la mayoría de trabajadores públicos- para reducir el riesgo de «enchufismo»; para seguidamente afirmar que «la contratación en las agencias privadas es por méritos y capacidad y funcionan perfectamente».