La Junta abre expediente contra el dueño de la finca donde murió Julen y la empresa que hizo el pozo

Estas medidas nacen de un informe de la Guardia Civil sobre la situación de la parécela en cuestión. En el documento elaborado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) se contemplan una serie de irregularidades, que el Gobierno andaluz cree que deben ser reclamadas por la vía administrativa. Por un lado, está la legalidad de la prospección . Ya durante el rescate del pequeño la Junta confirmó que el pozo donde cayó el niño de dos años no tenía los permisos necesarios para construirse, pero tampoco para la extracción de agua.

En la parcela se estaba llevando a cabo la construcción de un muro de contención , que también carecía de permisos por parte del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía. A esa segunda ilegalidad se añade la falta de seguridad en la zona de obras . El pozo estaba al final de una zanja en forma de «L», que se había hecho para construir el citado muro de contención del monte. Es por donde corrió el niño hasta que desapareció por el agujero ante la impotencia de su padre. El informe del Seprona remitido a la Junta de Andalucía dice que esa de obras, en la que había material de construcción, no se habían adoptado las medidas de seguridad pertinentes para evitar accidentes.

Este expediente es parte de las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía tras la muerte del menor. El Gobierno andaluz no está dispuesto a que la desgracia pase con impunidad. Por eso también está personada en la causa judicial como perjudicada , un proceso que es independiente. La Administración regional tiene con esta posición en el Juzgado de Instrucción 9 de Málaga el derecho a reclamar la cuantía que considere oportuna como perjudicada.

La Junta de Andalucía tendrá que cuantificar el coste del rescate de Julen, que fue cifrado inicialmente en 700.000 euros  por el Gobierno andaluz. Cifra en la que no se incluyeron ni la mano de obra ni el combustible de mucha de la maquinaria, ya que las propias empresas fueron las que donaron esa parte de los trabajos al no reclamarlas a la Administración. Fue la Fiscalía de Málaga solicitó a la magistrada que hiciese un ofrecimiento de acciones al Ejecutivo andaluz por los gastos generados en el rescate en el proceso en el que se trata de aclarar si el dueño de la finca es responsable de un homicidio imprudente.