Un juez autoriza la vacunación de una menor en Torremolinos que el padre quería retrasar cinco meses

El proceso para inocular al grupo al que pertenece la chica comenzó el pasado verano tras el visto bueno de las autoridades sanitarias y fue entonces cuando surgieron las discrepancias entre los padres, que están divorciados pero mantienen la custodia compartida .

La madre de la menor, representada por la letrada Lucía Diestro del despacho de Guillermo Jiménez solicitó la autorización judicial para vacunar a la joven el pasado 20 de octubre y no fue hasta el 2 de diciembre cuando ambas partes comparecieron en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Torremolinos.

El auto, al que ha tenido acceso ABC, recoge que la madre solicitaba la inoculación de la vacuna contra la Covid-19 al haber alcanzado la menor «la edad mínima necesaria según el Servicio Andaluz de Salud», mientras que el padre, aunque no se oponía frontalmente, era partidario de retrasarla «un tiempo prudencial, que establece en cinco meses» hasta contar con mayor información.

El juez reconoce en el auto que las objeciones del progenitor «no son absurdas e irracionales» , puesto que cualquier vacuna, incluso la más segura, «supone la entrada de un patógeno en el cuerpo y puede generar efectos secundarios, incluso a veces, de carácter severo. A ello suma que en el caso de la Covid-19 las investigaciones de los sueros se han llevado a cabo con «inusitada rapidez» y reconoce que «aún no existe demasiada información sobre cuál puede ser la evolución de las vacunas existentes».

Pese a todo, considera que la falta de vacunación supone «un riesgo igual o posiblemente mayor» que recibir la inoculación, pues dejaría al cuerpo de la menor «indefenso ante el virus», al no existir otros tratamientos eficaces que sean menos invasivos.

El magistrado se apoyado igualmente en la voluntad de la propia menor , «totalmente decidida a vacunarse», así como en el carácter de riesgo de la madre, que ha sido paciente oncológica y «cualquier contagio puede ser muy peligroso para su salud, por encima del riesgo medio», según recoge el escrito.

Por todo ello, el magistrado ha atribuido la facultad de decidir a la madre, considerando que no existe la certeza de que «esperar unos meses pueda servir para despejar las dudas actuales» y que en ese tiempo la menor permanecería indefensa o podría contagiar a terceros.