Cuatro detenidos en la investigación a las firmas del dueño de La Pesquera

Medio centenar de investigadores de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil realizaron —desde primera hora de la mañana— diversos registros en propiedades de Mesas y, entre otras cosas, descubrieron 250.000 euros en efectivo en el interior de una caja fuerte . Fuentes cercanas al caso explicaron que delitos económicos derivados de un gran volumen de ingresos en efectivos no declarados a la Hacienda pública. Montante no cuantificado hasta el momento, ya que es necesario el estudio de la documentación incautada.

Las citadas fuentes han informado a ABC de que la intervención se ha saldado por ahora con cuatro detenidos , además de siete de los once implicados que están siendo investigados.

Los «forenses» informáticos de ambos cuerpos buscaron en los equipos intervenidos lo que se conoce como «software de ocultación» de la contabilidad. Esta herramienta, también conocida como «software de doble uso» , permite modificar las cifras reales de facturación para hacer constar contablemente un menor número de ventas y con un importe inferior. Facilita el control del dinero defraudado, ya que ofrece un desglose de las ventas en efectivo declaradas y las que no lo han sido.

La trayectoria de Ramón Mesas y el grupo La Pesquera se remonta al año 1980, según se indica en su página web, en la que se señala que en la actualidad cuenta con restaurantes situados en Marbella, Madrid, Benalmádena o La Línea de la Concepción (Cádiz). Además, explora todo tipo de clientelas –de mayor o menor poder adquisitivo-, de comida —mediterránea, italiana…—, servicio y modelo de negocio, pues cuenta con franquicias.

Al frente, Ramón Mesas, un empresario con gran presencia en la vida marbellí, pegado a los dirigentes municipales desde la irrupción del «gilismo» en la ciudad. Hasta tuvo su proceso judicial por delito medioambiental derivado de una operación urbanística del fallecido Jesús Gil.

Relacionado con el famoseo patrio , a su boda ibicenca con Elena Ducu fueron invitados, entre otras personas, Víctor Janeiro, Jaime Ostos o Carmen Bazán.

Cuando los agentes fueron ayer a buscarlo a su casa, su mujer les comunicó que se encontraba de viaje , aunque se espera su regreso a España.

Junto a este inmueble, los responsables del caso inspeccionaron una entidad bancaria ubicada en la Avenida Ricardo Soriano, arteria principal de la red viaria de Marbella; la asesoría fiscal que lleva los asuntos de Mesa; una finca rústica de su propiedad situada en la zona de Las Chapas y que cuenta con una hípica —según las fuentes consultadas—; además de una nave y las oficinas centrales del Grupo La Pesquera, ubicadas en la segunda planta de una pizzería —que también fue inspeccionada— situada junto al Palacio de Congresos de la ciudad.

La investigación, que dirige el juzgado de Instrucción número 3 de Marbella , que ha declarado secretas las actuaciones, se ha prolongado durante varios meses, después de que los agentes tuvieran conocimiento de que el mencionado holding empresarial —muy conocido en Marbella—  supuestamente estuviese ocultando ingresos para no declararlos.

Los responsables del caso han detectado un entramado de cerca de 40 sociedades que lleva hasta mercantiles afincadas en Gibraltar . Se han analizado más de 200 cuentas corrientes relacionadas con la estructura estudiada.

El desarrollo de las pesquisas se centra a partir de ahora en el análisis de la información contable descubierta en los registros.

La operación llevada a cabo ayer por la Agencia Tributaria, la unidad de Delitos Contra el Patrimonio de la Comandancia de Málaga y el Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) Costa del Sol se inició por la denuncia realizada por una persona del entorno más próximo de Ramón Mesas. La información mercantil del empresario revela una alta actividad, ya que ocupa 36 cargos en 35 sociedades. Desde administrador, a socio, apoderado o gerente. Dentro de este entramado, además de restaurantes, hay discotecas, una bodega, un hotel rural y una empresa de zumos, entre otras cosas. Fuentes cercanas al caso explicaron que algunas de las mercantiles investigadas tenían a empleados como administradores.