La Fiscalía de Málaga pide la libre absolución por coacciones del exárbitro de Primera División Paradas Romero

El ex colegiado fue llamado para declarar ante la Policía Nacional en la Comisaría de Málaga tras la denuncia de un compañero de partido, el ahora concejal no adscrito, Juan Cassá . Según ese relato de los hechos, Paradas Romero habría llamado por teléfono de forma reiterada a Cassá.

Fueron 41 llamadas las que recibió el edil no adscrito en la misma fecha en la que se consumó su paso a concejal no adscrito y también cuando le quemaron su caravana . A esta denuncia se sumaron otras dos de sendos asesores de Cassá. Por un lado, Íñigo Vallejo por recibir 87 llamadas y por el otro lado, Beatriz González, que contabilizó 42.

En relación al supuesto acoso, el fiscal señala que los hechos de los que se acusa a Paradas Romero no son constitutivos de un delito leve de coacciones . Señala que no queda acreditado que el número de llamadas haya supuesto una alteración grave en la vida de los denunciantes. La Fiscalía de Málaga destaca que la denuncia de Cassá se produjo tres meses después de las llamas. Además, los dos asesores tardaron ocho meses en poner en conocimiento de las autoridades lo que había ocurrido.

Por su parte, Paradas Romero reseñó ante el tribunal que todo podría ser parte de un hackeo que sufrió en su cuenta de Facebook , en la que el ex árbitro de Primera División tenía más de 5.000 amigos. Según ha declarado, el 11 de marzo de 2020 se percató de que no podía acceder a la cuenta que tiene en esa red social y se lo contó a su mujer, que ha declarado como testigo.

Esto no fue denunciado ante la Policía, pero el ex árbitro cree que fue determinante. «Nunca pensamos que pudiera ocasionar algún problema, más que el acceso a Facebook» , ha afirmado el ex colegiado ante el tribunal al que ha dado su palabra de honor de que no ha hecho «absolutamente nada».

El juicio ha quedado visto para sentencia en el Juzgado 5 de Málaga, donde la defensa de Paradas Romero se sumó a la petición de la Fiscalía para pedir la libre absolución. Por su parte, la acusación particular ha pedido que se condene a tres delitos leves de amenazas y otros tres leves de coacciones. A eso piden que se sume una multa que ascendería a 2.160 euros.