Los pueblos de Málaga pierden en fugas y fraudes de agua el consumo equivalente a 90.000 personas al año

El estudio tiene un coste de casi un millón de euros y concluirá a finales de noviembre o primeros de diciembre. Según Francisco Salado, presidente de la Diputación, «es clave no solo para reducir el gasto de agua, sino también para prevenir posibles fraudes«. «Sobre todo en un momento como el actual, con una situación crítica en cuanto a nuestras reservas hídricas en los embalses de la provincia, ya que están al 36,53% de su capacidad», ha remarcado el presidente, que añade que las previsiones de otoño son que «no será especialmente lluvioso».

Francisco Salado ha dado a conocer que los primeros resultados obtenidos reflejan un consumo de agua desproporcionado por las noches. En este sentido, siguiendo el método del caudal mínimo nocturno, el más utilizado para estimar las pérdidas que se producen durante las 24 horas del día, los equipos de medición instalados en los pueblos han recogido consumos nocturnos muy significativos en la mayoría de los casos.

El gasto nocturno supone más del 50% del agua regulada en los depósitos de almacenamiento. «Esto indica claramente que se están produciendo pérdidas de agua en la red, aunque no todas son achacables a fugas, ya que también puede haber tomas fraudulentas«, ha añadido el presidente, quien explica que se ha detectado un gran número de fugas en la mayor parte de los núcleos estudiados, llegando incluso en algunas localidades a 45 fugas en la red municipal.

La investigación también ha comprobado que, cuando se llevan a cabo reparaciones de las fugas, se aprecian descensos en los caudales mínimos nocturnos, lo que se traduce en ahorro de agua. Aunque, a veces, tras la reparación de fugas en determinadas zonas se producen nuevas averías o roturas en otras, debido al mal estado de las redes en algunos puntos.

Al margen de la gravedad del agua que se pierde, desde el punto de vista económico, también la sangría es importante para los pueblos. Aplicando un coste medio de 0,5 euros el metro cúbico, derivado de los costes de extracción, potabilización, puesta en servicio, etcétera, se alcanzaría un importe de 9.720 euros diarios, lo que supone 3.547.800 euros al año.

Así, los municipios dejan de facturar tres millones y medio de euros por esa agua incontrolada por fugas o por tomas fraudulentas. «Son primordiales la erradicación de fugas en las redes municipales y el control de tomas fraudulentas en un futuro, a través de planes anuales, así como la reparación inmediata de averías, la renovación de redes en mal estado y la instalación de sistemas de control domiciliario con telelecturas», ha detallado Salado.

Al mismo tiempo, se ha hecho un llamamientos a los ayuntamientos diciendo que para paliar el problema de la falta de agua potable en la provincia deben implicarse todas las administraciones y, al respecto, Salado ha comentado que las obras hidráulicas y de mejora de la red de abastecimiento de agua potable deberían ser también una de las prioridades de los municipios.

Por su parte, la Diputación de Málaga ha realizado un importante esfuerzo en la transferencia de fondos incondicionados a todas las entidades locales de la provincia, recursos económico que no tienen una finalidad concreta, sino que cada corporación es la que decide en qué gastar las cantidades que se le asignan, en función de sus prioridades.

Desde julio de 2019, se han inyectado a las arcas de los ayuntamientos de la provincia 207,1 millones de euros por esta vía, y en el pleno de este miércoles aprueba, de forma inicial, la sexta fase del Plan de Asistencia Económica Municipal para distribuir otros 16 millones de euros también como fondos incondicionados. Así que, en total, en el actual mandato se han transferido 223 millones de euros.

«De nada sirve construir nuevos pozos, nuevos depósitos o hacer trasvases, si luego perdemos el agua por el camino. Es urgente que los ayuntamientos acometan las inversiones necesarias para mejorar sus redes de agua, para acabar con las fugas y con los fraudes«, ha insistido el presidente, que ha advertido de que, si los ayuntamientos no establecen como prioritarias las mejoras en sus redes de abastecimiento, se tendrá que imponer el destino final de los fondos que se transfieren a los consistorios.