Obligan a indemnizar a un conductor por la difusión de su foto defecando en un control de alcoholemia, tomada por un policía local de Málaga

Pero no termina ahí la pesada broma del policía. Poco después, en connivencia con otros dos compañeros del mismo cuerpo del Ayuntamiento de Málaga, las fotografías del hombre en tan embarazoso trance se cuelgan en un grupo de WhatsApp que comparte con otros agentes y que tienen un nulo interés policial. Uno de ellos las manda a alguien ajeno al 'chat'. Una vez que se pulsa el botón «enviar», pierden por completo el control y se abre la posibilidad de que se difunda de manera masiva, como así ocurrió.

Las imágenes corren como la pólvora. Menos de un mes después de que los agentes le dieran el alto de madrugada, éstas llegan al móvil de algunos compañeros de trabajo del conductor, que se convierte en la diana de las mofas y burlas de sus colegas. El afectado estuvo seis meses de baja tras sufrir un cuadro de ansiedad por la «humillación» sufrida, mientras que los agentes fueron denunciados por él en la Comisaría de Palma-Palmilla treinta días después de los hechos.

El comportamiento negligente de los tres agentes implicados en los hechos le va a costar dinero al Ayuntamiento de Málaga por su responsabilidad patrimonial. El reclamante ha pedido al Consistorio una indemnización de 16.338,05 euros por «los daños psíquicos y morales padecidos por la captación y difusión sin su consentimiento» de sus fotos íntimas.

El Consejo Consultivo de Andalucía le ha dado la razón y estimado su reclamación en un dictamen emitido el pasado 10 de julio consultado por ABC. «El funcionario no debe de quedar indemne cuando la Administración paga a consecuencia de sus actuaciones manifiestamente imprudentes o, incluso, dolosas», expone. Además, abre la puerta a que el Ayuntamiento pida su responsabilidad personal a los policías para evitar que su «irregular e inapropiada actuación» repercuta en el erario público y para lanzar, de paso, un mensaje de ejemplaridad a todos sus funcionarios.

A raíz de la denuncia, el Consistorio malagueño expedientó a los dos policías locales que figuraban en la denuncia y a un tercer compañero implicado. Mediante una resolución emitida el 3 de enero de 2024, éstos fueron sancionados con una suspensión de 15 días de sus funciones como autores de una falta grave tipificada de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de la Policía, aplicable a los Cuerpos de Policía Local.

El Consultivo entiende que queda probado que si bien el reclamante tenía un cuadro de ansiedad importante por el que estaba siendo tratado antes de la difusión de las comprometidas imágenes, su salud mental «se agrava» tras la captación y divulgación de la fotografía. Por este motivo estuvo de baja laboral desde el 1 de enero de 2023 hasta junio de ese mismo año. Como consta en un informe clínico de un especialista que lo atendió en el Hospital Universitario Regional de Málaga, padece «desde hace unos meses malestar significativo a partir de la difusión de una imagen suya en el trabajo, ante lo que experimenta sentimientos de rabia y humillación».

El órgano consultivo reprende con dureza el comportamiento de los agentes, que «actúan en el ejercicio de su autoridad mientras uno de ellos fotografía al reclamante durante un acto íntimo sin justificación, guiado por un mero animus iocandi [propósito jocoso], al que sigue la posterior divulgación de la fotografía» a través de WhatsApp.

«Es evidente, por tanto, que los agentes de policía infringieron su código ético y las obligaciones que tienen conforme a la normativa aplicable», por lo que su conducta «merece ser calificada como grave o muy grave no solamente a efectos disciplinarios porque se prevalecieron de su condición de funcionarios públicos para realizar la captura de esas fotografías, como así se resolvió, sino por la ejemplaridad que de ellos se presupone debiendo ser un referente y por la confianza que generan en los ciudadanos», concluye el dictamen.