María Gámez en el foco y 'El Negro' Martínez en la sombra: el tándem que ha acabado con la carrera de la jefa de la Guardia Civil

En efecto, la primera directora de la Benemérita deja el puesto no por el convulso momento que vive el Instituto Armado por culpa de los presuntos amaños en las concesiones de reforma de cuarteles. Ni por la implicación de mandos en el caso del 'tito Berni'. Como confesó la propia Gámez el miércoles en una comparecencia sin preguntas, justo cuando la atención mediática se centraba en la moción de censura con Tamames como candidato, lo hace por la citación judicial de su marido. Otra.

Como ha destapado este periódico, el juez Vilaplana, magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, investiga el presunto entramado societario creado por Martínez y sus hermanos para borrar el rastro de los «importantes ingresos» que sus sociedades recibieron de manera irregular a través de empresas subvencionadas por la Junta de Andalucía cuando el PSOE, el partido al que siempre han estado unidos, la gobernaba. Por orden del juez, dos interventores de la Junta rastrean ya los pagos al marido y a los dos cuñados de Gámez.

Pero, ¿por qué es su relación marital la que da al traste con la fulgurante carrera política de la malagueña, aupada por el ministro Marlaska después de que su rostro se hiciera conocido por el infructuoso rescate de aquel niño de dos años que cayó a un pozo en un cerro del sur?

Vayamos a los orígenes. Siempre ayudan. Porque contemplándolos con perspectiva, puede verse que la exdirectora de la Guardia Civil, la hija del farero de Estepona que pudo ir al colegio gracias a la ayuda de un benefactor anónimo, inició su camino en puestos de responsabilidad política de la mano (oculta) del que luego sería su marido.

Es la tónica en los ascensos de esta funcionaria tardía, grupo A, de la administración autonómica, de los que todavía muchos en el PSOE malagueño siguen sorprendiéndose. «Ni tenía vocación política ni una alta solvencia; a María siempre le han preparado una carrera artificial», afirman algunas fuentes que conocieron aquella época.

Gámez, que estaba casada con un alemán, profesor de inglés, con el que había tenido dos hijos, pudo conocer a quien ahora es su marido cuando trabajaba en la Delegación de Salud de Málaga. Inopinadamente, fue nombrada jefa de servicio, el más alto cargo técnico en un departamento así. El consejero de Salud era entonces Francisco Vallejo, miembro de los gobiernos andaluces de manera ininterrumpida entre 1996 y 2009 y hoy en la cárcel por el escándalo de los ERE fraudulentos.

A su sombra, siempre Juan Carlos. Eterno jefe de gabinete de Vallejo allá por donde Chaves fuera nombrándole. En 2004, ocupa la cartera de Innovación. Ese mismo año, María Gámez era designada como delegada de ese departamento en Málaga para asombro de muchos de sus compañeros.

En ese puesto permanece cuatro años. Precisamente la época convulsa en la que se desatan muchos de los casos que terminaron tumbando el principal feudo español del PSOE. Hay que recordar que el marido de Gámez proviene del epicentro de la Andalucía corrupta, Jaén. Donde germinan los ERE pero también el escándalo de Santana Motor, la empresa automovilística 'nacionalizada' por la Junta que llegó a presidir uno de los hermanos de Martínez.

Pero paralelamente en Málaga, con Gámez ocupando los principales altos cargos de la Junta, «siempre arropada por los más altos despachos», dicen algunos, también suceden cosas. Isofotón, las millonarias ayudas a la empresa de placas solares por las que se sentaron en el banquillo hasta 37 altos cargos de la etapa socialista, en un caso que llegó a salpicar a tres ministros de la era Sánchez. Exonerados todos por un defecto de forma. O Servivation, más ayudas a una compañía en crisis que de nuevo sentará próximamente a Vallejo ante un juez.

A pesar de todo, la carrera de la exdirectora general de la Benemérita continúa. En 2011 es designada candidata a la Alcaldía de Málaga, tras unas polémicas primarias que en realidad no existieron. Es cuando aparece por la capital de la Costa del Sol Juan Carlos Martínez, después de su periplo madrileño acompañando al ministro Bernat Soria y, cómo no, a Gaspar Zarrías, secretario de Estado de Política Territorial cuando se produjo el 'destierro' de Chaves justo antes de estallar los ERE. También después de haber trabajado para varias empresas de las Junta en las que cobró 92.000 años en un año por cargos que «nunca» ejerció, según reconoció el propio Martínez en un escrito enviado al juzgado hace un año.

Durante aquella primera campaña electoral como alcaldable, Gámez anuncia su embarazo del hijo que tiene en común con Martínez. Fracasa estrepitosamente: consigue menos concejales que su antecesora. Pese a ello, le dejan repetir en 2015. Un nuevo fiasco que le lleva a abandonar la política un año después.

Mientras tanto, Martínez continúa con sus negocios. Funda una empresa, Job Management Liberty SL, con domicilio social en su propia casa, el ático que compran frente al mar, por una cifra cercana al medio millón de euros (hoy se valoran en más de un millón).

Esa es precisamente la firma cuyos cobros investiga ahora el juez. Los que han terminado con el ascenso imparable de Gámez, a la que le había durado poco el olvido de la política. En 2018, con Pedro Sánchez en Moncloa, regresó para ser nombrada subdelegada del Gobierno y en 2020 ya está al frente de la Guardia Civil. Sin que en ese tiempo ceje la actividad empresarial de su marido, aun ya sin el respaldo de la Junta socialista. Dos vidas paralelas, una en el foco y otra en una sombra que quizás ya alcance para siempre a los dos.