Málaga mantiene la mano dura contra el ruido: más controles, más expedientes y cierres en 2025

La estadística reciente ayuda a encuadrar esta tendencia. En las tres primeras semanas de agosto de 2025 se han incoado 183 expedientes sancionadores por ruido frente a 168 en 2024, lo que supone un aumento de 15 (+8,9%), según la web del Ayuntamiento de Málaga. Las quejas vecinales por ruido pasaron de unas 200 en 2022 a 362 en 2023 (+81%) y subieron levemente a 379 en 2024, señal de un problema estabilizado en niveles altos.

En paralelo, las multas administrativas (liquidaciones) se duplicaron entre 2022 y 2023: de 58 sanciones por unos 116.000 euros a 120 por alrededor de 225.000 euros, y en 2024 se mantuvieron en un volumen similar al de 2023, en torno al centenar. El año 2025 aún está en curso, pero los balances semanales, con controles masivos y decenas de actas, avalan que la presión sancionadora sigue activa. Conviene distinguir términos: las «denuncias» o «quejas» son los expedientes iniciados a partir de avisos y actas policiales; las «multas» son las sanciones firmes que se imponen al concluir el procedimiento.

La mayor parte de las denuncias se dirigen a particulares, habitualmente entre el 80% y el 85%, por conductas como cantar o gritar en la vía pública, usar altavoces o reproducir música a alto volumen, así como por ruidos en viviendas en horario de descanso. En el caso de los establecimientos, las infracciones más comunes son la música que trasciende al exterior y la superación de niveles permitidos, junto con incumplimientos de horario y de licencias.

La ordenanza prevé una horquilla sancionadora amplia: desde 600 euros en las infracciones leves hasta 300.000 euros en las muy graves, reservándose estas últimas para supuestos extremos, especialmente reincidencias y quebrantamientos de medidas. Además, la respuesta municipal no se limita a la multa: desde 2023 se han generalizado las medidas cautelares, precintos de equipos, cierres temporales u órdenes de cese, para cortar de raíz las emisiones ilegales mientras avanza el expediente.

No todas las denuncias acaban en sanción, parte se archiva por falta de pruebas o errores en la identificación del infractor, pero el volumen de expedientes y de multas efectivas ha crecido respecto a hace dos años.

El mapa de la conflictividad se repite con matices. El Centro Histórico concentra cerca de un tercio de las quejas (117 en 2023), por delante de Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero, que han ganado peso por la aparición de nuevos puntos calientes, Pacífico-Huelin o entornos como la plaza de la Solidaridad.

Teatinos, con la calle Plutarco como eje, ha vuelto a destacar en 2024 y 2025, especialmente tras los periodos de exámenes universitarios. En los meses estivales también se registran molestias en barrios turísticos como La Malagueta o Pedregalejo por conciertos y chiringuitos, aunque con menor incidencia que en los distritos citados. Las asociaciones vecinales respaldan los controles y han reclamado más vigilancia sostenida en el tiempo e incluso la declaración de nuevas Zonas Acústicamente Saturadas, como la ya aplicada en 2022 en el entorno de Tomás de Echeverría (Huelin).

Este 2025 deja además varios episodios ilustrativos. Durante la Feria, la Policía Local clausuró por 24 horas la discoteca Tocata y precintó su equipo de música por exceder el volumen permitido durante la jornada festiva en el Centro, un gesto que evidencia que el rasero se mantiene incluso en fechas señaladas. Y en el ámbito de los macroeventos, el Brisa Festival, celebrado a finales de julio en el puerto, provocó quejas de barrios distantes como La Trinidad, Capuchinos o Martiricos por la propagación del sonido hasta la madrugada. No consta sanción a la organización, pero la polémica ha reabierto el debate sobre la evaluación acústica, la ubicación y los horarios de los conciertos urbanos, con la vista puesta en reforzar la prevención para futuras ediciones.

En la provincia, municipios con gran vida nocturna, Marbella, Fuengirola, Benalmádena o Torremolinos, encaran problemáticas similares y han revisado ordenanzas y controles. Destaca la sentencia del TSJA en 2023 que obligó al Ayuntamiento de Torremolinos a actuar de forma eficaz contra los ruidos en La Nogalera y a indemnizar a cientos de vecinos, un fallo que ha elevado el listón de las obligaciones municipales y ha servido de acicate para endurecer la respuesta frente a locales reincidentes y zonas saturadas.

La ordenanza y la práctica sancionadora engloban entre las emisiones prohibidas los gritos y cánticos en la vía pública, la música con altavoces o aparatos portátiles, los botellones y conductas incívicas asociadas; en el ámbito doméstico, fiestas, música, televisores o electrodomésticos que perturban el descanso; y, en el caso de los establecimientos, la música audible desde el exterior, la superación de los niveles sonoros y el quebrantamiento de los horarios y licencias. También se sanciona la reincidencia y el incumplimiento de precintos o de órdenes de cese, que puede acarrear cierres temporales.

Con la cuarta fase del Plan de Acción contra el Ruido sobre la mesa, que prevé más medidores permanentes, herramientas urbanísticas y posibles ajustes de horarios y licencias en zonas saturadas, el Consistorio mantiene la línea de firmeza y la coordinación policial como ejes de su estrategia. La comparativa en 2025 sugiere que Málaga ha pasado de la concienciación a la acción: hay más controles, más expedientes y un volumen de sanciones que, por ejemplo, dobla al de 2022. El reto, admitido por todas las partes, es consolidar esos avances para que el derecho al descanso no dependa de operativos puntuales, sino de una prevención sostenida que compatibilice la potente vida urbana y turística de la ciudad con la calidad de vida de sus vecinos.