Málaga desalojará a los okupas de La Invisible tras obtener el respaldo de los tribunales

Tras un proceso contencioso administrativo que se remonta a 2018, La Casa Invisible ha visto desestimado su recurso y ello respalda la decisión municipal de recuperar la propiedad y desalojar a los actuales ocupantes del palacete, que lo tomaron de forma ilegal hace casi 17 años.

La sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº4 de Málaga el 19 de marzo y a la que ha tenido acceso ABC rechaza la solicitud de cesión del inmueble por parte de La Invisible y avala el acuerdo de desalojo adoptado por el Ayuntamiento en febrero de 2018 y posteriormente ratificado en 2021.

En el auto también se hace referencia a la medida cautelar de cierre del edificio en 2014 debido a cuestiones de seguridad, así como a las numerosas denuncias y actividades ilegales registradas en el lugar, según se pudieron constatar en los informes técnicos municipales.

Según la sentencia, desde 2009 hasta 2018 se realizaron «más de 200 visitas de control al inmueble por parte de la policía local, habiéndose generado 103 actas de denuncias». Entre los incumplimientos figuran conciertos de música en vivo y molestias a los vecinos, así como no disponer de licencia de apertura o autorización municipal, permiso de música, hojas de reclamaciones o declaración responsable.

En este sentido, el documento judicial destaca que la decisión del Ayuntamiento de negar la cesión no se fundamenta en una evaluación desfavorable de la labor cultural de la Fundación, que de hecho está reconocida como Entidad de Utilidad Pública Municipal, sino en las acciones irregulares llevadas a cabo en el edificio, las cuales contravienen las normativas municipales y representan un riesgo para la seguridad y la legalidad en el área.

Este veredicto marca un punto de inflexión en una larga disputa que ha enfrentado a los ocupantes del edificio con las autoridades municipales. Desde el Consistorio ya han avanzado que «se va a ejecutar la sentencia», aunque los afectados han anunciado que no la consideran no definitiva y han convocado una rueda de prensa mañana viernes para compartir detalles y un análisis de la sentencia.

En ella se recoge que se cumplen los requisitos para que el gobierno municipal proceda a la recuperación del inmueble. Por un lado, se esgrime que es un edificio calificado como equipamiento social y de titularidad municipal que fue ocupado, sin mediar autorización de la Administración, mediante una mera actuación fáctica, «cambiando la cerradura, negándose los ocupantes a facilitar la entrada, ni abrir la puerta a la policía». Un hecho que habría obstaculizado además el uso público de edificio.

En cualquier caso, en la sentencia también se recoge que la voluntad municipal es la de mantener el uso cultural del palacete, siempre y cuando esté sujeto a un procedimiento de licitación en libre concurrencia que permita a cualquier ciudadano poder concurrir en igualdad de condiciones y optar del uso del bien demanial». No obtener una concesión directa como reclamaba La Invisible.

Mientras tanto, en la calle, el asunto sigue generando debate entre aquellos que defienden la labor cultural y social de La Invisible y quienes respaldan las medidas del Ayuntamiento para garantizar el cumplimiento de la legalidad y la seguridad en el uso de los espacios públicos.