Una red de trata sexual con prostíbulos en Málaga cae con 162 mujeres liberadas

La investigación arrancó tras la denuncia de tres víctimas que relataron haber sido coaccionadas para prostituirse en distintos municipios del Levante. A partir de sus declaraciones, los agentes delinearon los tentáculos de una organización criminal asentada principalmente en la Comunidad Valenciana, pero en expansión hacia Cataluña, Murcia y Andalucía. Las pesquisas confirmaron que el entramado captaba a mujeres de origen sudamericano en situación de vulnerabilidad, muchas sin permiso de residencia ni trabajo, y las presionaba para ejercer la prostitución bajo estricta vigilancia.

La trama rotaba a las víctimas entre locales de Valencia, Barcelona, Castellón, Alicante, Tarragona, Murcia y Málaga, evitando así que establecieran vínculos o pidiesen ayuda. Los cabecillas compraban o arrendaban viviendas unifamiliares y locales comerciales que reformaban hasta crear compartimentos donde las víctimas dormían hacinadas en literas o incluso en la misma cama en la que atendían a los clientes. Los lugares permanecían cerrados, con ventilación deficiente y pésimas condiciones de habitabilidad. Un circuito interno de videovigilancia permitía controlar en tiempo real cada movimiento de las mujeres, que únicamente podían salir dos horas por la mañana y siempre bajo supervisión.

Cada prostíbulo contaba con encargadas de guardia las veinticuatro horas. Su cometido era vigilar a las víctimas, cobrar los servicios, suministrar drogas a los clientes que las demandaran y gestionar los anuncios en portales especializados. Las mujeres debían entregar a la red el 50% de cada servicio, porcentaje que podía aumentar con «multas» impuestas por cualquier infracción.

Los investigadores describen una estructura en tres niveles. En la cúspide se situaban los líderes, un clan con vínculos familiares y sentimentales, propietarios o arrendatarios de los 39 inmuebles intervenidos. Un segundo escalón, formado por personas de confianza, supervisaba los locales y recogía la recaudación. El tercer nivel incluía a las encargadas, los conductores que trasladaban a las víctimas, los reformistas de los locales y los distribuidores de estupefacientes.

Durante los registros, los investigadores han intervenido 141.000 euros en metálico y tres vehículos, además de ordenadores y decenas de libretas donde se llevaba la contabilidad detallada de cada local. De forma paralela, Vigilancia Aduanera ha bloqueado más de 60 cuentas bancarias y varios bienes muebles e inmuebles mientras prosigue el análisis de la documentación incautada para esclarecer un posible delito de blanqueo de capitales.

Los responsables del operativo recuerdan que la lucha contra la trata es una prioridad y apelan a la colaboración ciudadana. La Policía mantiene activa la línea gratuita 900 105 090 y el correo trata@policia.es, donde se puede denunciar de forma anónima y confidencial. «Con la trata no hay trato», han subrayado fuentes de la investigación tras destacar la valentía de las primeras denunciantes, cuyo testimonio ha permitido rescatar a más de un centenar de mujeres.