El 'impuestazo' a compradores extranjeros de viviendas revuelve a la Costa del Sol

«No se va a aprobar, pero el daño está hecho. La medida será totalmente ineficaz para el objetivo que persigue el Gobierno y no solucionará la escasez de inventario de vivienda, ni reducirá los precios. Es una medida absurda, y además abusiva», asevera José Carlos León, consejero de la inmobiliaria Nvoga en Marbella. Ciudad a la que The Guardian pone el foco de cara a su lectores como principal afectada para hacer inversiones.

La medida es un golpe económico a la Costa del Sol. En los nueve primeros nueve meses del pasado año se formalizaron en la provincia 27.791 transacciones inmobiliarias, de las que 10.676 fueron adquiridas por extranjeros, lo que supone el 38,4% del total de las operaciones.

De éstas, un 11% fueron compradas por extranjeros que residen en la provincia. En el conjunto de Andalucía son 100.747 las transacciones inmobiliarias registradas en dicho periodo, de las que 17.723 fueron suscritas por ciudadanos de fuera del país, con una cuota del 17,6%. Ahí los británicos son el principal mercado, seguido de los nórdicos, los árabes y siempre quedan los rusos, que se refugian pese a la guerra en la Costa del Sol.

El sector ve la media totalmente ineficaz. «Está proyectada para afectar únicamente a 27.000 compradores, que son alrededor del 4% del total de ventas residenciales, y que muchas, si no la mayoría, de estas viviendas se adquieren principalmente para uso vacacional personal de sus propietarios y no para el alquiler turístico y especulación inmobiliaria, como afirma Sánchez», Christopher Clover, fundador de Panorama Properties.

Para este empresario «es muy poco probable que esta legislación propuesta mejore de forma significativa la disponibilidad de viviendas para alquileres de larga temporada en ninguna circunstancia». «Genera confusión y ruido en el mercado. Podría disuadir tanto a inversores individuales como institucionales para adquirir viviendas en España», concluye.

La mayoría de estos compradores optan por residencias de lujo, que superan los dos millones de euros. «Es como si hay quien tiene dificultades para comprarse un vehículo y digo para que la gente se pueda comprar un Seat Ibiza, a los Ferrari les voy a poner un 200% más de impuestos», resume Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga, quien insta al Gobierno a poner sobre la mesa «medidas serias».

«Ayudas directas cuando es adquisición de una vivienda para una familia de clase media, con un salario medio, porque necesitan un impulso para que el banco le dé la hipoteca», apunta Salado, quien añade incentivos al promotor para que esa ayuda sea directamente con el requisito de que tiene que bajar el alquiler.

Para Salado se puede bajar el IVA de la vivienda «para que se abaraten los costes» o establecer «la cuenta de vivienda donde la familia ahorraba». «Este tipo de iniciativas son las que tienen que poner sobre la mesa y, además, recursos públicos para hacer viviendas sociales también, para ese otro segmento de población», remarcó el presidente provincial.

«Las necesidades de una familia de clase media o que necesita una VPO son diferentes a los compradores extranjeros. El que viene a jugar al golf unas semanas al año necesita campos, restaurantes y ocio. Las familias necesitan promociones en lugares con servicios, como los colegios para los hijos o transporte», añade Arranz, quien explica que no se pueden meter VPO en una urbanización de lujo porque son necesidades diferentes.