La guerra sucia del PSOE contra el edil de turismo de Málaga por una denuncia falsa por malos tratos

Al mismo tiempo, la Fiscalía ha solicitado que se investigue a la denunciante por posible denuncia falsa, al apreciar contradicciones en su testimonio y ausencia de pruebas objetivas. El auto, fechado el 15 de octubre, pone fin a un proceso que afectó tanto a la vida personal como a la imagen pública del edil y que ahora se cierra con la plena restitución de su honor y su credibilidad.

El caso que durante meses situó a Jacobo Florido en el centro de la polémica se remonta a enero de 2024, cuando su expareja interpuso una denuncia por supuestos malos tratos que derivó en un proceso judicial y en un intenso debate político.

La noticia se filtró a los medios con una rapidez inusual, y la oposición en el Ayuntamiento, especialmente el PSOE y Con Málaga, exigió su dimisión inmediata antes de que existiera pronunciamiento alguno por parte de la Justicia.

A pesar de la presión mediática y de la campaña política en su contra, el alcalde Francisco de la Torre decidió mantener a Florido en su puesto, apelando al principio de presunción de inocencia y al respeto a la labor de los tribunales.

La decisión fue duramente criticada por la oposición, que aprovechó el caso para cuestionar la gestión del equipo de gobierno del PP. Sin embargo, con el archivo judicial, aquella posición de prudencia ha quedado reforzada, y el propio Florido ha recobrado plenamente su papel en el ejecutivo municipal.

Con el caso archivado, el foco se ha desplazado hacia las circunstancias en las que se produjo la filtración de información confidencial del sistema Viogén, base de datos del Ministerio del Interior destinada a proteger a las víctimas de violencia de género. La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles, ha reclamado explicaciones al subdelegado del Gobierno, Javier Salas, por cómo se conocieron públicamente datos de un registro reservado del sistema Viogén.

Según ha subrayado, «es necesario saber quién filtró esa información y con qué intención», al considerar que «no es admisible que se utilicen datos sensibles del Estado para dañar a un adversario político». La dirigente popular ha insistido en que «si se ha producido una filtración desde organismos dependientes del Gobierno de España, estaríamos ante un hecho de una enorme gravedad que exige responsabilidades inmediatas».

Desde el PP malagueño se considera «una duda razonable» que la información sobre Florido llegara a los medios antes incluso de notificarse oficialmente a las partes implicadas. De confirmarse, el episodio revelaría un uso partidista de los medios del Estado y una vulneración grave de la confidencialidad institucional.

El debate, más allá del plano judicial, pone sobre la mesa la responsabilidad política de quienes se apresuraron a condenar al concejal sin esperar el pronunciamiento judicial. Tanto el portavoz socialista, Daniel Pérez, como la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, exigieron públicamente la dimisión de Florido cuando la denuncia aún no había sido evaluada.

Ahora, con la resolución judicial en la mano, el PP les pide que rectifiquen y pidan disculpas, subrayando que el respeto a la presunción de inocencia no puede quedar a merced de intereses partidistas.

Por su parte, Jacobo Florido ha preferido no alimentar la polémica y ha agradecido el respaldo recibido de su entorno y de sus compañeros de partido. El edil ha reconocido que «han sido meses difíciles» y ha insistido en la importancia de dejar trabajar a la Justicia antes de juzgar a nadie en los medios

La resolución judicial marca así un punto de inflexión en un episodio que comenzó como un conflicto privado y acabó convirtiéndose en un enfrentamiento político de primer orden. Con la investigación sobre la posible denuncia falsa aún pendiente y la incógnita de la filtración por aclarar, el proceso judicial contra Jacobo Florido deja una lección clara: la utilización de denuncias o de datos reservados con fines partidistas erosiona la confianza en las instituciones y vulnera derechos fundamentales que todo Estado de Derecho debe proteger.