La Fiscalía pide inhabilitar al exalcalde socialista de Almogía tras cinco causas archivadas

El Juzgado de lo Penal 10 de Málaga dejó visto para sentencia esta semana el penúltimo juicio al exalcalde por delitos urbanísticos relativos a licencias concedidas a empresas para construir en esta localidad. Estos documentos fueron investigados en el transcurso de la operación 'Almexia'.

La investigación comenzó por la denuncia de la Guardia Civil presentada en julio de 2009. Fue el Juzgado de Instrucción 12 de Málaga el que se encargó del caso. El 21 de octubre de 2009 se produjo el registro del Consistorio y la Casa de la Cultura en busca de, al menos, una quincena de expedientes urbanísticos sobre los que podría haberse cometido alguna irregularidad en su tramitación. La causa se dividió en nueve piezas separadas.

En un primer momento las sospechas se centraron en un posible delito de prevaricación, que luego se amplió a cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias, negociación prohibida para funcionarios públicos y alteración del precio de las cosas. El entonces alcalde fue acusado en siete de estos procedimientos, de los que se han enjuiciado ya seis. Falta solo una.

En la primera de las causas enjuiciadas fue condenado por el Juzgado de Instrucción 3 de Málaga, pero la sentencia fue revocada por la Audiencia Provincial. Se estimó el recurso de apelación presentado por el letrado defensor. Fue absuelto. En el último procedimiento juzgado se ha investigado la concesión de tres licencias, una en 2005 y dos en 2008, para la construcción de viviendas en suelo clasificado como no urbanizable.

En este caso se trata de edificaciones que no son legalizables. Según Europa Press, la Fiscalía ha mantenido la acusación contra el regidor y el arquitecto municipal, pero ha pedido que se apliquen atenuantes por dilaciones indebidas.

De este modo, el Ministerio Público ha solicitado la pena de seis meses de multa y tres años y medio de inhabilitación. Asimismo, ha retirado la acusación para la arquitecta de la promotora de dos viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable otorgadas en 2008 y ha llegado a un acuerdo de conformidad con otra acusada que había obtenido una licencia para reforma y ampliación en suelo no urbanizable en 2005.