Cepsa adapta el proyecto de su planta fotovoltaica de Ronda para modular su afección al entorno

Directivos de la empresa han defendido este viernes en Málaga los cambios «radicales» realizados al proyecto, que ocupará una superficie de unos 150 hectáreas y en el que prevé invertir 70 millones de euros.

Con las modificaciones incluidas, la empresa asegura que ha tratado de atender todas las alegaciones que ha recibido en el primer trámite de información pública. Ahora, la iniciativa sigue en su fase de tramitación, a la espera de conseguir, entre otros requisitos, la declaración de impacto ambiental. por parte de la Junta de Andalucía.

La intención de la compañía es tener culminado el proceso administrativo antes de fin de año, aunque consideran que se trata de previsión «quizás demasiado optimista». Sí pretenden poder tenerla funcionando a finales de 2024, después de unas obras que ocuparían en torno a doce meses.

En cuanto a los cambios incluidos, no se trata solo del alejamiento del área de influencia de Acinipo. La empresa también ha reducido la tensión de las conducciones de 400 a 220 kilovatios y ha decidido soterrar cuatro kilómetros de la misma para evitar su impacto paisajístico, evitando su paso aéreo por la sierra de Grazalema.

Además, ha modificado el trazado al sur de Ronda y ahora estudia, de la mano de la Universidad de Málaga, distintas medidas que permitan una integración total de la planta el entorno. Se estima que la construcción de la nueva infraestructura generará en torno a 250 empleos durante el año que dure, para luego quedarse en cuatro o cinco directos en el periodo de explotación.

La rueda de prensa en la que Cepsa ha presentado estas modificaciones ha estado precedida de la entrada en la sala donde se desarrollaba de varias personas protestando por el futuro proyecto, que han sido conminadas a abandonarla, emplazándoles desde la empresa a una próxima reunión en Ronda.

Las quejas de varios colectivos y ciudadanos a título individual se basan en la alteración del paisaje que supondrá no sólo la propia planta, sino las líneas de alta tensión que necesita para conducir la energía producida. «El proyecto sólo traerá la pérdida de una identidad histórica, desempleo y la devalución de la propiedad», ha expresado uno de los manifestantes, afectado por el proyecto.

La propia alcaldesa de Ronda, la popular Maripaz Fernández, ha manifestado recientemente su rechazo a la instalación de este tipo de infraestructuras «sin control». Pero también ha admitido que si se ubican «en sitios menos sensibles» donde la ley los permita, el Ayuntamiento que preside no tendrá «instrumentos para negarlo».

Los ejecutivos de Cepsa han defendido en todo momento el «diálogo constante» que han mantenido con las administraciones y otros colectivos, conscientes del «enclave especial y la importancia histórica de Ronda». Además, han subrayado los beneficios que la nueva planta puede traer para el entorno local.

«Venimos a promover, construir y explotar a largo plazo», han aclarado, manifestando su voluntad de colaborar con la población mediante la creación de un fondo de desarrollo sostenible que se financiaría con los ingresos de la planta, cuyo destino se consensuaría con los ayuntamientos implicados. Como ejemplo, han puesto su intención de contribuir a la conservación del yacimiento de Acinipo. También quieren crear una comunidad energética que abarataría la factura eléctrica de quienes se adhirieran.