Carlos Fernández, ex concejal fugado de Malaya en Marbella, avisó de su llegada a España para ser detenido

La Sección Tercera de la Audiencia Nacional ha valorado su presentación voluntaria y el señalamiento inminente del juicio por el caso Saqueo II para acordar su puesta en libertad con la única obligaciónde comparecer el día de la vista. La Fiscalía no se opuso a la medida, entendiendo que el acusado «se ha puesto a disposición de la Justicia de forma inequívoca».

Según el auto judicial, el pasado 10 de octubre la defensa de Fernández notificó oficialmente el vuelo que lo traería de regreso a España. A su llegada, fue detectado por la Policía Nacional en un control de pasaportes y puesto de inmediato a disposición del tribunal. Allí se celebró una breve vistilla, en la que tanto su abogado como el Ministerio Público solicitaron la libertad provisional.

El juicio que lo espera la próxima semana pertenece a la causa 'Saqueo II', una de las piezas derivadas del saqueo sistemático de fondos públicos durante los gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL) en las legislaturas de 1991, 1995 y 1999. En ella, se le imputan delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil. El tribunal ha fijado la vista con la advertencia expresa de que Fernández deberá comparecer «para ratificar la conformidad anunciada», lo que apunta a un posible acuerdo con la Fiscalía.

La historia judicial de Carlos Fernández es una sucesión de huidas, giros y aplazamientos. En 2006, durante la segunda fase de la operación 'Malaya', la Policía registró su vivienda. Su abogado remitió entonces un escrito al juzgado en el que aseguraba que el edil se encontraba haciendo el Camino de Santiago y que se pondría a disposición judicial al regresar. Nunca lo hizo. A partir de ese momento se perdió su rastro.

En septiembre de 2017, tras once años de paradero desconocido, Fernández se entregó a las autoridades argentinas, donde había construido una nueva vida bajo una identidad distinta. El Gobierno español solicitó su extradición en seis causas diferentes, entre ellas Malaya, Saqueo II y varios procedimientos por cohecho, fraude urbanístico y falsedad documental.

La justicia argentina solo aceptó la extradición por la causa Saqueo II, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación acabó denegandola entrega en 2022, lo que dejó a Fernández libre de actuar desde Buenos Aires. Su hermano y abogado, Antonio Fernández, explicó entonces que el objetivo era forzar la extradición para acceder a los expedientes y acreditar la prescripción de los delitos.

El nombre de Carlos Fernández ha quedado grabado en la memoria colectiva de Marbella. Fue concejal del GIL y responsable de Deportes, cargo desde el que fue condenado en 2005 a dos años y medio de prisión por malversar más de 80.000euros del club de fútbol de San Pedro.

Tras su ruptura con Jesús Gil, quien llegó a expulsarlo «por ladrón», se reinventó como andalucista, presentándose como símbolo de regeneración. Pero acabó formando parte del tripartito que desalojó a Julián Muñoz y que encabezó Marisol Yagüe.

La Fiscalía lo señaló como pieza esencial del engranaje político que permitía a Juan Antonio Roca, el cerebro de Malaya, distribuir las comisiones ilegales entre los ediles afines. En palabras del fiscal Juan Carlos López Caballero, Fernández era uno de los responsables de «repartir las mordidas» junto a Yagüe e Isabel García Marcos.

Cuando el macrojuicio de Malaya se celebró en la Audiencia Provincial de Málaga, Fernández seguía desaparecido. Su ausencia alimentó leyendas urbanas que lo situaban en Marruecos, en Argentina o incluso escondido en Marbella, pero nunca se probó ninguna. Su condición de fugitivo le convirtió en una figura tan esquiva como simbólica de la corrupción que manchó el nombre de la ciudad.

Ahora, casi veinte años después, el regreso voluntario de Fernández cierra una de las fugas más prolongadas de la Justicia española. Su decisión de avisar por escrito de su llegada y comparecer sin resistencia ante el tribunal marca un giro en su actitud procesal y podría influir en el desenlace judicial de la próxima semana.

La Audiencia Nacional ha querido subrayar en su auto que el acusado «ha mostrado voluntad de someterse a la jurisdicción española», motivo por el que no aprecia riesgo de fuga. Si la conformidad se confirma, el proceso podría cerrarse con una sentencia pactada en cuestión de horas.

El regreso del exedil andalucista pone el punto final a uno de los capítulos más largos del escándalo que cambió la historia política de Marbella. Aquella ciudad del GIL, gobernada entre fastos y escándalos, ya no se parece a la de entonces. Sin embargo, el nombre de Carlos Fernández sigue evocando el pasado que muchos prefieren olvidar: el de una Marbella opulenta y corrupta.

El próximo 5 de noviembre, el «peregrino de Malaya» se sentará al fin ante un tribunal español. Casi veinte años después de haber huido «gracias al Apóstol Santiago», el antiguo concejal del GIL regresa al punto de partida, dispuesto, según su defensa, a «colaborar plenamente con la Justicia». Su historia, mezcla de picaresca, supervivencia y redención, cierra uno de los episodios más insólitos de la crónica judicial de la Costa del Sol.