El candidato del PP de Mijas, investigado por un juzgado a once días de las elecciones

Tendrá que dar su versión sobre una presunta falsedad documental. El caso tiene su origen en una denuncia presentada, en octubre del pasado año, por un grupo de residentes por las supuestas irregularidades en la administración de esa comunidad contra la esposa de Ángel Nozal. Pero hay un contrato que le salpica, que no está claro y por el que le han citado para que vaya explicarlo con su abogado.

Desde el PP se explica a ABC que este procedimiento viene referido a hechos ajenos al Ayuntamiento de Mijas y que, concretamente, se producen por la contratación por una comunidad de propietarios de Cabopino de un espacio para colocar un cajero automático.

Dicho contrato, en su formalización inicial en el año 2000, fue firmado por Angel Nozal, como representante de esta comunidad de vecinos. Si bien, fuentes populares explican que la denuncia se produce por la disconformidad de unos vecinos con unos anexos firmados en los años 2017 y 2020. Años en los que Nozal ya no está al frente de la administración, que no firma esos anexos.

Sin embargo, según la versión recabada por ABC, en los documentos presentados el nombre que aparece como responsable es Angel Nozal. «Por error se deja su nombre como representante», señalan. Por eso es citado para declarar. Según las fuentes consultadas, este «error» ya lo manifestó la comunidad de propietarios en un escrito y subsanó inmediatamente. Mientras se aclara este asunto Nozal vuelve a estar investigado.

Igual que en el caso de los sobresueldos, donde el propio Consistorio ejerce de acusación popular como parte perjudicada. El caso está en el Juzgado de Instrucción 1 de Fuengirola, que ya ha recibido la calificación por parte de la acusación que ejerce el Consistorio, gobernado por PSOE y Ciudadanos.

En esa calificación se pide a Ángel Nozal doce años de prisión por pagar incentivos a varios funcionarios. Se le acusa de un delito de prevaricación, al igual que a Antonio Sánchez, exalcalde del PSOE de Mijas, que también habría pagado esos sobresueldos. La calificación de la pena antes de la apertura de juicio oral estima que los cobros empezaron en 2009, siendo regidor el socialista Agustín Moreno hasta el pleno del 27 de noviembre de 2014 con el popular Ángel Nozal, que fue el quitó estos supuestos cobros irregulares.

Nozal acumuló en 2015 hasta ocho causas abiertas que, poco a poco, se fueron resolviendo a su favor. Es la época en la que las fuerzas en el Consistorio, sobre todo Ciudadanos y PP, hacían la política mediante escritos en Fiscalía, denuncias y querellas. De aquella época es el caso archivado por echar cemento a los caminos o por las naves para un nuevo plató de la televisión local.

Se archivó la denuncia de Ciudadanos contra Nozal por las subvenciones a los clubes deportivos, también la supuesta compra de un concejal de Podemos para una moción de censura. El propio edil negó en rueda de prensa que el candidato del PP le ofreciera nada. El caso quedó archivado. Como quedó sobreseído el caso de las subasta exprés para el popular.

En esa guerra con Ciudadanos, Nozal también entró en el juego de las querellas, como la que su partido le interpuso a entonces alcalde, Juan Carlos Maldonado, ahora candidato de Por Mi Pueblo, por un sueldo a una concejal de Costa del Sol Sí Puede. Aquella denuncia por malversación quedó archivada, como todas la de esa guerra entre ambos partidos.