El lucrativo fraude de usurpar identidades por internet: cuatro millones en apuestas no tributadas

A finales del año 2021, un mujer denunció en Málaga que había sido estafada. Se dio cuenta del problema cuando la Agencia Tributaria le reclamó el pago de 900 euros como impuesto por las ganancias obtenidas en unas apuestas. Ella nunca había jugado en esas plataformas 'online'.

Desde ese momento, se detectaron numerosas denuncias en distintas comisarías de todo el país. Al igual que esta mujer, eran personas a las que la Agencia Tributaria les reclamaba la tributación de un 19 por ciento de las ganancias obtenidas con premios recibidos en apuestas en internet, que iban desde partidos de fútbol hasta carreras de caballos.

En todos los casos, los denunciantes alegaban no haber participado en este tipo de juegos, pudiendo haber sido suplantadas sus identidades para apostar. En este punto de la investigación, los agentes analizaron la documentación aportada, pudiendo establecer la trazabilidad del dinero procedente de los premios de las apuestas.

De esta manera, se localizaba el destino final del pago de los premios en diferentes cuentas a nombre de los investigados y empresas administradas por los mismos. Fruto de la actividad fraudulenta, sólo en un año fiscal, la red obtuvo unas ganancias netas superiores a cuatro millones de euros. 

Para ocultar dichas réditos ilícitos crearon cuatro sociedades pantallas y 776 cuentas bancarias para la canalización del flujo económico, derivado de su actividad delictiva. En ese entramado movían el dinero, con el fin de ocultar el rastro final del mismo y dificultar la investigación policial.

El número de afectados asciende a 210 personas, a quienes la Agencia Tributaria les imputaba ganancias en apuestas virtuales, así como la correspondiente sanción por la no tributación de dicho incremento patrimonial.

Una vez establecida la trazabilidad del dinero, se logró constatar la estructura organizativa del entramado, identificando a sus miembros y funciones de cada uno de ellos. En la cúspide de la organización se hallaba un ciudadano español, y la mujer de este, los cuales tenían negocios de peluquería y estética, además de otros relacionados con el sector inmobiliario.

El grueso de los sospechosos serían mulas bancarias, encargándose de abrir cuentas y hacer transferencias de capital entre las mismas. Paralelamente, se realizaba una minuciosa investigación patrimonial de los sospechosos. Así se constató que los dirigentes del grupo criminal realizaban importantes inversiones inmobiliarias y poseían vehículos de alta gama, así como un elevado nivel de vida.

Finalmente, cuatro personas fueron detenidas en Madrid, otra en Quijorna (Madrid) y otra en Logroño. Asimismo, se practicaron tres registros en los domicilios de los principales investigados. Ahí se incautaron efectos relacionados con los delitos investigados. También se procedió a la intervención, bloqueo y embargo de 31 cuentas bancarias, más de 9.000 euros en efectivo, cinco vehículos de alta gama y 21 bienes inmuebles valorados en 3,35 millones euros, muchos de ellos en Madrid y la Costa del Sol.

De los hechos conoce el Juzgado de Instrucción 12 de Málaga, que decretó el ingreso en prisión provisional del líder de la red. La investigación trata de aclarar la comisión de los delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de identidad, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal,