Los cursos de formación fraudulentos eran una «fábrica de votos» para el PSOE

El informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al que ha tenido acceso ABC, alerta del «altísimo» número de perceptores de ayudas considerados de «perfil bajo» caracterizados por su «escasa repercusión económica» y un bajo factor de empleabilidad, y pone el foco en el «sorprendente» número de autoescuelas y peluquerías beneficiarias de las ayudas. «De igual modo, se detectan pequeñas empresas familiares que de repente amplían su código de actividad a formación y comienzan a percibir subvenciones sin tener experiencia alguna en el sector, ni instalaciones adecuadas, ni personal cualificado contratado para ello», añade el informe policial.

Los agentes encargados de la investigación sostienen que las partidas se conceden por «clientelismo político» y «proximidad ideológica», todo ello favorecido por «la falta de control» de la Junta. «No es más que un modo de obtener el beneplácito, los votos, de un número muy extenso de la población andaluza», destacan los responsables del «caso Edu», que recuerdan que este objetivo se logra con «un coste reducido», ya que «el 80 por ciento del dinero lo aporta la Unión Europea».

El análisis en profundidad de varias empresas receptoras de las subvenciones, así como de los directivos de estas, ha revelado supuestas relaciones con «partidos políticos y sindicatos», para precisar que «entendemos que es esta condición la que les ha facilitado el acceso a este tipo de subvenciones, que de otro modo no hubiesen adquirido al no cumplir los requisitos legales exigidos»

No obstante, los investigadores han profundizado en estos nexos y ya han establecido vasos comunicantes con la Administración andaluza. Así, el marido de la administradora única de una de las sociedades viene trabajando desde 1987 en distintos departamentos de la Administración autonómica. Otra persona que ocupa un cargo de responsabilidad en otra de las empresas es vinculada por la Policía con el Servicio Andaluz de Salud (SAS); mientras que el presidente de otra entidad es relacionado con la Delegación de Educación y Ciencia en la provincia de Jaén.

Un ejemplo muy elocuente incluido en el informe es el referido a una sociedad dedicada a la formación informática a cuyo frente se sitúa un individuo que fue candidato a la Alcaldía de Roquetas de Mar (Almería). Esta empresa recibió 479.665 euros a través de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) entre 2007 y 2012. El informe policial destaca que a esa empresa «nunca le han figurado trabajadores por cuenta ajena».

Pero el asunto no queda ahí: este dirigente socialista es administrador solidario de otra compañía constituida en 1996 y en el mismo periodo ingresó 490.410 euros. El domicilio social de la firma es el mismo que el de la anterior: la vivienda que comparte el político con su pareja. Y por aquello de que la familia debe permanecer unida, su hija, funcionaria interina en la Diputación almeriense, es administradora solidaria de otra sociedad que percibió 383.085 euros de las partidas de formación.

«Si entendemos todas estas empresas como un todo controlado por este señor y los miembros de su familia, hemos visto que tan solo estas tres habrían percibido alrededor de 1.353.160 euros», advierten los agentes.

El último de los trece detenidos hasta el momento -se espera una treintena- en la primera fase de la operación es P.A.V.H., iniciales tras las que se esconde la identidad de un histórico militante socialista de la comarca de la Axarquía malagueña, quien se jactaba de contar con buenos «contactos» en la Consejería de Empleo. Esta persona ha recibido más de medio millón de euros en subvenciones. Únicamente en una resolución de 15 de diciembre de 2010 de la Dirección Provincial de Málaga del SAE se recoge una ayuda de 60.390 euros.