Fondos de formación, un fraude con solera: un caso similar hace ya catorce años

Las pesquisas de este caso las iniciaron en junio de 2000 agentes de la Udyco Costa del Sol a raíz de una denuncia ante la Fiscalía y rápidamente se obtuvieron indicios de delitos continuados de fraude, falsedad documental, apropiación indebida, malversación de caudales públicos y contra la Hacienda Pública. El trabajo de los responsables del caso se centró en los cursos impartidos en 15 municipios malagueños en los años 1997, 1998 y 1999. En total se investigaron 128, así como a unos 3.800 alumnos, que se beneficiaban de las partidas del Programa Nacional de Formación Profesional (Forcem), gestionadas por las comunidades autónomas.

A pesar de la «complejidad de la investigación», los policías detectaron «la existencia de un supuesto fraude en la concesión de las subvenciones», para lo que supuestamente se alteraban los listados de alumnos o se cobraba por cursos que no se impartían. Un sistema en el que se situaba en la cúspide a UGT.

Los agentes constataron un absoluto descontrol documental de los cursos, produciéndose «discrepancias entre fechas, lugares y duración» de los mismos; además de casos en los que ni siquiera se llegaron a impartir. También se comprobó que los listados de asistentes fueron inflados y se adjuntó numerosos testimonios de alumnos que no reconocían sus firmas o que confesaban que no habían asistido a clases a pesar de que en los documentos figuraba lo contrario. «Este hecho no tendría mayor trascendencia si se tratase de casos aislados, defectos atribuibles a errores de transcripción, pero realmente son bastantes», recalcan, para también poner el foco en el extremo opuesto: individuos que no fallan ningún día. Este es el caso de un curso que se impartió en Tolox y en el que 22 de los 29 asistentes eran de la capital malagueña. La Policía ironiza sobre esta circunstancia afirmando que «manifiestan una más que encomiable capacidad de sacrificio y afán de superación».

Los investigadores también hacen hincapié en lo que llaman «cursillistas profesionales»: alumnos que realizan numerosos cursos y que son «personas totalmente ajenas y sin relación aparente con la materia».

Está investigación culminó en su primera fase en 2011. Fueron detenidos tres dirigentes de UGT, sindicato en el que había deficiencias «notables» en la documentación de los cursos, y el responsable de una academia por fraude, falsedad documental, apropiación indebida, malversación de caudales públicos y contra la Hacienda Pública.