judicial
La Junta deja sin cubrir 73 plazas en los juzgados de cuatro provincias andaluzas
STAJ denuncia que existe un serio peligro de que las audiencias «se vayan saturando hasta hacerse insostenibles»
La Junta de Andalucía ha dejado sin cubrir al menos 73 plazas en los juzgados de cuatro provincias andaluzas, lo que conlleva un serio peligro de que las audiencias se vayan saturando hasta hacerse insostenibles. Además, hay salas en las que no está cubierta ni el 60 por ciento de la plantilla.
Así lo ha denunciado el Sindicato de Administración de Trabajadores de Justicia (STAJ), que ha indicado que el Gobierno andaluz está dejando de cubrir 23 plazas en Sevilla, 13 en Huelva, 10 en Córdoba y 24 en Cádiz, además de tres jubilaciones en esta última provincia.
En el resto de ciudades andaluzas, si bien la situación no está al mismo nivel, se está retrasando el nombramiento de personal más alla de un mes desde que se produce la vacante a cubrir. «Tememos que la intención de la Junta es como en el resto de provincias la de recortar personal», ha indicado el responsable de STAJ en Málaga, Juan Antonio Luque León.
Este problema se originó el pasado 14 de noviembre, cuando entró en vigor la nueva orden por la cual es la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal y no las respectivas delegaciones provinciales la responsable a partir de ahora de autorizar el nombramiento y cese de los funcionarios interinos.
STAJ han criticado duramente que esta decisión se haya ocultado en todo momento a los sindicatos, que han sido alertados de esta «tropelía» por las propias delegaciones, quizás porque «se les ha arrebatado una competencia muy golosa y con la esperanza de que se les devuelva el 'caramelito'».
El resultado de esta centralización de competencias está siendo «desastroso», porque el nombramiento por parte de la Dirección General se está realizando «de forma totalmente discrecional y no obedece a patrón alguno», ha manifestado Juan Antonio Luque, quien ha hecho hincapié en que muchos juzgados se están quedando sin personal suficiente durante varias semanas e incluso meses.
«Sencillamente se dejan de cubrir las jubilaciones y plazas vacantes, lo que conlleva un retraso generalizado y el mayor peligro de que se produzcan dilaciones en procedimientos que causan alarma en la sociedad», ha añadido.
Concurso de traslado
Este cambio de competencias ha coincidido en el tiempo con la resolución de el concurso de traslado de muchos funcionarios, cuyas plazas están quedando sin cubrir al no autorizar la Consejería de Justicia e Interior su cobertura provisional. La propia directora general de la Oficina Judicial y Fiscal, Sofía Duarte Domínguez, ha llegado a decir recientemente que «en lo que queda de año tan sólo se realizarán los nombramientos más urgentes».
Tras 16 años de la transferencia de Justicia, la situación andaluza es «caótica, de desidia e incapacidad absoluta», han espetado desde el sindicato, que exige a la Consejería del ramo que propicie una negociación real con todas las partes afectadas por esta nueva situación, que altera las condiciones de trabajo de todos los funcionarios.
En contraposición a este precario panorama, STAJ ha denunciado que los responsables de la Consejería «no escatiman en gastos en viajes, con séquito incluido, para vender su 'proyecto faraónico' de la nueva Oficina Judicial y Fiscal» por toda Andalucía, incluso en aquellos lugares donde ya se ha implantado.
«Este sindicato no podrá nunca concebir que, por un lado, se invierta dinero en vender públicamente un proyecto inútil y, por otro, se nos quité el dinero de nuestras nóminas», ha finalizado Juan Antonio Luque.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete