La sentencia de «Malaya» pone fin a una era de corrupción

Aunque la causa tuvo más de un centenar de imputados a lo largo de la instrucción, la cifra de acusados ha quedado reducida a 84, puesto que dos de ellos han fallecido a lo largo del proceso, el galerista de arte Jean Fournet, que nutría de cuadros a Roca, y el tasador municipal José Mora Igeño.

Además, el fiscal retiró el último día del juicio la acusación que pesaba sobre nueve de ellos, entre los cuales estaba la hija del ex asesor de Urbanismo, María Roca Jimeno. Por su parte, los empresarios Carmelo Armenta e Ismael Pérez Peña ya conocen sus condenas, al haber llegado en octubre de 2011 a un acuerdo con la Fiscalía para rebajarlas.

Muñoz y Roca, los únicos en prisión

De todos los inculpados, los únicos que permanecen a la sombra son Juan Antonio Roca y Julián Muñoz . El primero ha encadenado cuatro años de prisión preventiva por «Malaya», el máximo que permite la Ley, con los seis años y diez meses que le cayeron por «Saqueo I», a la espera de que el Supremo estudie el recurso por el caso «Minutas», en el que fue sentenciado a una pena de otros cuatro años.

Por su parte, el ex regidor marbellí ha regresado a la cárcel en abril de este mismo año a causa del caso «Pantoja» , una pieza separada de «Malaya» en la que fue condenado a siete años de prisión por blanqueo de capitales y cohecho pasivo.

Además, hay que reseñar que tres de los acusados siguen huidos de la justicia y, al menos por el momento, quedarán libres de castigo: los ediles Carlos Fernández y Javier Lendínez, y el empresario José Manuel Llorca Rodríguez.

El juicio

El juicio dio comienzo el 27 de septiembre de 2010 con un gran revuelo mediático y a lo largo de las siguientes semanas comparecieron en los juzgados los principales imputados, con Roca, Julián Muñoz y Maite Zaldívar a la cabeza. El proceso quedó visto para sentencia el 30 de julio del pasado año tras 199 sesiones y 200.000 folios de sumario.

La instrucción la inició el juez Miguel Ángel Torres y la culminó Óscar Pérez, mientras que el tribunal encargado de enjuiciar el caso ha estado formado por los magistrados Manuel Caballero Bonald, Rafael Linares y José Godino como presidente.

Godino y sus compañeros han trabajado arduamente a lo largo de más de un año para elaborar la sentencia de «Malaya», que está compuesta por más de 6.000 folios, muchos de los cuales se centran en la figura de Roca, presunto cabecilla de la trama de corrupción urbanística. Estaba previsto que el fallo se diera a conocer antes del verano, pero debido a varios retrasos ha habido que esperar hasta octubre para descubrir su contenido.

Expectación mediática

A lo largo de todos estos años, la expectación por parte de los medios de comunicación ha sido inmensa, puesto que más de 300 periodistas de diarios, revistas, portales de Internet y televisiones han seguido de cerca todo el proceso.

Además, la Junta de Andalucía ha tenido que introducir multitud de mejoras en la sala de vistas de la Ciudad de la Justicia de Málaga, para dar cabida a todos los encausados y a los alrededor de ochenta abogados que los han representado, además de a cientos de testigos y peritos.

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera Suárez-Bárcena, informó el pasado miércoles que el Gobierno andaluz ha invertido 621.000 euros tan sólo en material, introduciendo innovaciones que van a permanecer en el tiempo como los sistemas de videograbación de la sesiones, de telemetría y de digitalización de los casi 6.000 folios de que consta la sentencia.

Por su parte, la plantilla de la Audiencia se ha visto reforzada durante los dos años que ha durado el proceso con tres funcionarios y dos técnicos en informática.

El dinero robado a Marbella

Poco después del inicio de las detenciones en marzo de 2006, la policía tasó los bienes aprehendidos en 2.400 millones de euros, aunque se trataba de una valoración errónea. De hecho, las estimaciones indican que la cifra sustraída en Marbella en diversos casos como «Malaya», «Saqueos I y II» o «Minutas» asciende a 500 millones de euros, aunque el montante real podría ser muy superior.

El patrimonio de Juan Antonio Roca está tasado en unos 200 millones de euros y sólo entre 1997 y 2005 adquirió propiedades inmobiliarias por valor de 136 millones, entre las que destaca la finca La Caridad, en San Pedro Alcántara.

En cuanto a los 19 constructores encausados, supuestamente pagaron más de 30 millones de euros en sobornos, una quinta parte de los cuales el ex asesor de Urbanismo utilizó para «untar» a catorce ediles y tres ex alcaldes: Julián Muñoz, Marisol Yagüe y Tomás Reñones.

Latrocinio

Todos estos datos vienen a refrendar que el caso «Malaya» es el procedimiento judicial más importante abierto hasta la fecha en España contra la corrupción urbanística. La fórmula, implantada en la época de Jesús Gil desde su llegada a la Alcaldía en 1991 era bien fácil, aunque moralmente reprobable: cobrar bajo cuerda a constructores a cambio de recalificar terrenos de uso público con los que pudieran construir a su antojo.

En menos de dos décadas Marbella se convirtió en el reino del cemento, hasta que el 29 de marzo de 2006 saltó a la luz pública la trama de corrupción en el Ayuntamiento, que desembocó en una enérgica operación policial y en la disolución del Consistorio regido por entonces por Marisol Yagüe.

Con la lectura el viernes de la sentencia se pondrá fin a siete años de pesquisas, detenciones, investigaciones y sesiones en los juzgados, y también a una larga era de corrupción, que para los marbellíes se está transformando poco a poco, a golpe de normalidad, en un mal recuerdo de un lejano y turbio pasado.