El ex líder de UGT-A Fernández Sevilla declara hoy lunes en el juicio por el fraude de las ayudas

En concreto, a partir de este lunes comenzarán a comparecer los acusados, empezando por el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; toda vez que la causa se dirige además contra el que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Charpín; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea; y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.

Según el titular del Juzgado de Instrucción número nueve, Juan José Vélez, entre 2009 y 2013 mediaron «procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores«, para que el sindicato contase con financiación propia gracias a subvenciones autonómicas destinadas a cursos de formación y que finalmente eran aplicadas a «fines distintos al destino que dichos fondos deberían haber tenido».

El extrabajador del departamento de Compras de UGT-A Roberto Alejandro Macías, condenado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos al haber filtrado a medios de comunicación, pero no a la Policía o las instancias judiciales, «información reservada y sensible» de la trama ahora sometida a este juicio, testificaba en ese sentido que el sindicato orquestó un sistema de «facturas fraudulentas o falsas» con cargo a las subvenciones autonómicas, gracias al cual cosechaba un «bote» o «fondo de reptiles» con el cual sufragar gastos no imputables a las ayudas.

El «excedente» económico fruto de la diferencia entre la cuantía reflejada en la factura del proveedor a cargar a programas subvencionados y el dinero efectivamente pagado, según sus palabras, era empleado para sufragar «bienes o servicios que no se podía imputar a las subvenciones». El comandante de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargado de la investigación agregaba que las empresas proveedoras de UGT Andalucía hacían «descuentos» al sindicato por determinados «volúmenes» de compra durante periodos concretos, si bien tales descuentos no eran «comunicados al órgano gestor» de la fiscalización de las ayudas autonómicas sobre las que se sustentaban los gastos, o sea la Junta, extremo que ha sido constatado a lo largo del juicio.

Eso sí, el que fuese empleado del área de Justificación de gastos de UGT-A José Miguel Galeano precisaba que estos descuentos no fueron declarados ante la Junta porque las ayudas eran «plurianuales», sujetas a un marco temporal concreto, y no era posible esclarecer «qué parte» del descuento aplicado por cada proveedor correspondía a cada ayuda concreta. Este mismo trabajador concretaba que el mencionado «bote» cosechado gracias a las subvenciones autonómicas era gestionado por los acusados Fresneda y Charpín, a quienes describía como «responsables de la organización» del sindicato.

El ya mencionado mando de la UCO encargado de la investigación también desgranaba en su comparecencia cómo mediante la sociedad «instrumental» del sindicato, Soralpe, y siempre con cargo a las subvenciones autonómicas, fueron acometidos «anticipos y pagos mensuales» a diversos cargos de UGT-A e incluso fue sufragado un viaje a Costa Rica de Manuel Pastrana, otrora líder del sindicato.

El que fuese contable de UGT-A Francisco Mateos testificaba por su parte que el sindicato trabajaba con facturas presentadas por los proveedores por bienes o servicios que «todavía» no habían sido «servidos», explicando que se trataba de facturas sin albarán de entrega asociado, para «justificar» gastos. Así, reconocía que esa práctica generaba «un saldo a favor» de UGT-A al tratarse de facturas cargadas a programas subvencionados por la Junta de Andalucía, pero explicaba que a continuación «iban corriendo las entregas» de los materiales y productos, porque «la facturación iba por un sitio y las entregas por otro».

Además, manifestaba que el que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda, consideraba que los mencionados descuentos no comunicados a la Junta suponían «una retribución por la buena gestión» de las ayudas.

El fiscal Fernando Soto, por su parte, consideraba en la vista que el sindicato «solicitaba que sus proveedores falseasen las facturas para engañar a la Junta»; creando todo un «sistema» de con el que «institucionalizó el fraude y lo pacto con sus proveedores».

La defensa de UGT Andalucía, desplegada por el letrado José María Calero, exponía de su lado que en este asunto, «una causa completamente administrativa se ha transformado en penal». «Se ha criminalizado una cuestión estrictamente administrativa», enfatizaba, negando que el sindicato deba responder como responsable civil subsidiario y enarbolando para ello el «acuerdo de voluntades» firmado en 2022 entre UGT Andalucía y la Junta de Andalucía, para fraccionar los reintegros solicitados por la Administración andaluza al sindicato