Licencias y prestaciones: los trámites que la Junta de Andalucía agilizará con menos papeleo y más rápido

Este ambicioso plan contiene 500 medidas que incluyen tanto cambio de leyes y normativas como mejoras de los sistemas de organización, gestión y digitalización que afectan a todas las consejerías de la Junta. El objetivo: mejorar la vida de los andaluces, impulsar la actividad económica y transformar el funcionamiento interno de la Administración. Y es que, a diferencia de los otros tres anteriores decretos de simplificación administrativa aprobados por la Junta desde 2019, éste no sólo está enfocado a las empresas, sino también al ciudadano, que tendrá que esperar menos para obtener permisos, licencias o ayudas de la Administración autonómica.

Pero, ¿cómo mejorará los trámites burocráticos el Plan Simplifica Andalucía? En todos los frentes. Uno de ellos será en la tramitación de las autorizaciones ambientales. Así, una vez aprobado y en vigor, en torno al 40% de los proyectos podrán tramitarse mediante un procedimiento simplificado de Autorización Ambiental Unificada que reducirá en casi la mitad los plazos de tramitación.

Se aumenta además la potencia de 100 hasta 500 kilovatios de las instalaciones ubicadas en suelo urbano que quedan sujetas a declaración responsable sin necesidad de solicitar autorizaciones administrativas, con lo que se conseguirá también facilitar el uso de energías limpias en instalaciones industriales de las ciudades.

Las licitaciones públicas también se verán beneficiadas. Este plan extiende las medidas de simplificación a todas las licitaciones autonómicas, con independencia de su fuente de financiación —hasta ahora se limitaban a las financiadas con fondos europeos—, y elimina trámites a los que estaban obligadas las empresas licitadoras. Se reducirá hasta en dos meses el tiempo de tramitación de los expedientes de contratación manteniendo todas las garantías de transparencia.

También se creará un Certificado de Buena Ejecución de Subcontratistas que permitirá a las empresas acreditar de forma mucho más sencilla su solvencia para participar en licitaciones públicas. No sólo dará una mayor transparencia, sino que facilitará el acceso de las pymes a las licitaciones públicas.

El plan también llega al sector agrario simplificando el registro de explotaciones agrícolas y forestales, lo que beneficiará a 250.000 agricultores y facilitará su acceso a la PAC. A partir de ahora tendrán que aportar menos datos y se facilitarán las comunicaciones por medios electrónicos. Además, determinados trabajos forestales ya no necesitarán una autorización expresa, sino que bastará su comunicación previa, lo que afectará a más de 5.000 solicitudes cada año. La limpieza de los montes, clave en la prevención de los incendios forestales, se verá agilizada con esta medida.

Asimismo se reducirán los trámites relacionados con la Ley de Patrimonio Histórico. Se pasará de autorización a declaración responsable en determinadas actividades arqueológicas y se modificará la composición y funciones de las comisiones provinciales para reducir el número de procedimientos, ya que hasta ahora deben emitir informe ante cualquier obra que una familia o empresa quiera hacer un en un entorno declarado Bien de Interés Cultural (BIC), disminuyendo el tiempo de tramitación en hasta dos meses. Esto afectará a en torno a unos 1.800 expedientes anuales, con un volumen de inversión próximo a los 500 millones de euros.

Andalucía Simplifica supone también una apuesta firme por la transformación digital de la Junta a través de la robotización de trámites y procesos que afectan directamente a los ciudadanos. Para ello, la Junta contará con un manual de automatización de procedimientos de relación con la ciudadanía que apueste por la digitalización y la robotización para dar «respuestas más rápidas», generalizando mecanismos que han sido «un éxito» con la tramitación «en tiempo récord» de las ayudas a más de 30.000 pymes y autónomos para compensar el sobrecoste energético.

La simplificación del procedimiento de ejecución del gasto permitirá suprimir 3,5 millones de firmas al año acelerando la concesión y pago de ayudas.

En materia de dependencia supondrá un nuevo modelo de gestión del reconocimiento y el derecho a las prestaciones que reducirá los plazos de tramitación de una media de 555 días a un plazo máximo de 180 días y que permitirá reducir un año el tiempo de espera. Se creará además un modelo de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad que no cuentan con red familiar o jurídica que les pueda ayudar y se mejorará la tramitación de la Renta Mínima de Inserción Social reduciendo el número de documentos para solicitarla.

El procedimiento, por ejemplo, para abrir una residencia de ancianos pasará de dos años de media a tan sólo tres meses.

En éste y en otros procedimientos será de aplicación el silencio positivo. Este plan amplía los trámites a los que se aplica tanto el silencio administrativo positivo como las declaraciones responsables.