La Ley de Transportes amenaza con eliminar más de 80 paradas de autobuses en Andalucía

El mapa concesional del país regenta su origen en el mismo punto histórico en el que nacen estos servicios (siglo XIX), con la formalización de rutas, paradas y frecuencias que se han ido adaptando al paso de los tiempos. Es la planificación administrada por el Estado que define las líneas interurbanas de autobús, recorridos, apeaderos y las empresas que se encargan de realizar esos trazados. Es la raíz que conecta las distintas provincias y regiones, que luego se complementan con los apoyos de autonomías y diputaciones para confeccionar todo el cuerpo completo.

El actual ministro Óscar Puente trabaja en un rediseño (heredado de Raquel Sánchez y frenado por José Luis Ábalos) que se ha encontrado con el rechazo frontal de la mayoría de las Comunidades Autónomas, tanto las del PP como del propio PSOE (Castilla-La Mancha). Supondría un drástico recorte de rutas interprovinciales (de las 1.912 actuales a la mitad) y la supresión de cientos de paradas.

En Andalucía, sobrevuela la amenaza de eliminar más de 80 paradas de autobuses que afectarían directamente a 35.471 viajeros, pero cuyo daño es más amplio, pues si se suman los habitantes de las poblaciones perjudicadas, se llegaría a 367.744 personas que se quedan sin esa posibilidad para su movilidad. El ministro justifica esta medida en criterios de eficiencia y rentabilidad, pues indiscutiblemente no son rentables y obedecen a una condición de servicio público.

Esta medida representa un ataque directo contra los pequeños pueblos, contra el campo y el modo de vida rural, ya en grave peligro por el desequilibrio demográfico y el trasiego constante a los extensos núcleos urbanos. Las provincias más afectadas si se aprobara ese mapa concesional (que ha sufrido varias modificaciones) son Jaén (28 municipios pierden la parada), Córdoba (21) y Huelva (13). También tiene incidencia en Almería (8), Granada (5), Sevilla (7) y Málaga (1), sin perjuicio a Cádiz, donde los núcleos cuentan con mayor número de habitantes.

Aún así, esta Comunidad Autónoma no es la más damnificada, pues sufrirá especialmente la conocida como España vaciada: las dos castillas, Galicia y Aragón. Provincias como Soria, Cuenca, Guadalajara o Teruel se han manifestado contrariamente a esta nueva Ley de Movilidad Sostenible, donde se enmarca esta reestructuración.

Como es habitual en esta legislatura de confrontación entre el Gobierno nacional y las Comunidades Autónomas, no ha existido apenas comunicación y aún menos consenso. Óscar Puente ha puesto en práctica las máximas de servicio-rentabilidad y desea suprimir las rutas, paradas y frecuencias deficitarias. Una medida para ahorrar costes, reducir tiempos (al no haber tanta pausa) y lograr concesiones más atractivas.

A cambio, les conmina a las autonomías a completar ese servicio de transporte tal y como crean conveniente y les ofrece una financiación (que luego ya se verá) de 40 millones, muy lejos de los 110-120 millones que estiman sería necesario para completar el 'puzle' al que ha reducido ese mapa concesional.

Ante el rechazo de las regiones, Transportes ha reaccionado y asegura que se mantendrán todas las paradas. «Se sacarán a licitación 31 de los 34 corredores nacionales, que incluyen todas las paradas que las comunidades autónomas han rechazado asumir», destaca en un comunicado. En el PP lo tildan de bulo. «Si ahora mismo hay 79 y se quedan en 34, ¿cómo se pueden reducir 45 corredores sin eliminar paradas, horarios o frecuencias?».

La Ley de Movilidad Sostenible pasó en su primera lectura del Congreso de los Diputados al Senado, donde el PP (con mayoría) ha presentado una enmienda al artículo 48 con el fin de «blindar» las «paradas, horarios, frecuencias y rutas». Aquí adquieren un enorme valor los pequeños detalles por el gran significado que pueden adquirir. El Gobierno de España ha rectificado en parte y asegura que no eliminará rutas, pero el Partido Popular quiere eliminar esta apostilla: «Las paradas intermedias de los servicios de competencia estatal serán, con carácter general, en las poblaciones principales del itinerario correspondiente, pero además se atenderá...». Temen que se alteren horarios y/o frecuencias que provoquen la inutilidad del recorrido para los usuarios. Por ejemplo, como ha ocurrido en Sanabria, donde mantienen la parada pero eliminaron el tren de primera hora de la mañana, justo en el momento más demandado, restándole validez.

Este jueves regresa al Congreso de los Diputados tras su paso por la Cámara Alta para su segunda lectura. Desde el Partido Popular temen que salga adelante el proyecto de un ministro, Óscar Puente, «que se ha demostrado letal para el mundo rural«. Sacan a la palestra el freno a la autovía que uniría Ávila con Valladolid por «falta de rentabilidad económica». Y es que esa búsqueda de beneficios (o de mitigar pérdidas) en el transporte ha llevado a que más de 2 millones de viajeros del AVE se hayan quedado sin indemnización por el cambio de criterio de Renfe y su nuevo 'compromiso de puntualidad': el retraso ha de ser al menos de una hora para pedir una compensación.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, criticó que este nuevo mapa de transportes «castiga a la desconexión nada menos que a 3,25 millones de personas, que viven en la España rural». Este jueves será un buen día para calibrar los apoyos de Óscar Puente en la Cámara Baja.