La Ley de Costas mantiene desprotegido patrimonio histórico y cultural andaluz

Un BIC presenta ciertas dificultades porque debe venir acompañado por un plan económico para su mantenimiento y conservación. Y estos problemas se multiplican si ese monumento se sitúa dentro del dominio público marítimo terrestre. Al depender de Costas, las cuestiones legislativas se incrementan y los movimientos desembocan en una parálisis perjuiciosa para la puesta en marcha de diferentes proyectos de uso. En la misma capital gaditana, el edificio Ciudad del Mar suma 30 años de abandono porque todos los inversores se hastían a la espera de la luz verde, dependiente del Consejo de Ministros. Y que nunca llega.

Este deterioro de los bienes levantados junto a la costa no sólo afecta a los monumentos sino a núcleos urbanos costeros que sufren el azote de las mareas y la regresión del litoral español. Poblados, aldeas, con características culturales, históricas y etnológicas de valor esencial que se incluyeron dentro del dominio público marítimo-terrestre y corren serio riesgo de desaparición.

El Palo en Málaga, también numerosos municipios en Huelva como Ayamonte o Lepe, las pedanías de El Palmar y los Caños en Cádiz (ya cayó la Casería en San Fernando) y pueblecitos de la costa tropical en Granada... presentan una idea ilustrativa de edificaciones de baja densidad y muy vinculadas a un modo de vida marinero que no representan un peligro para el ecosistema y que temen el derrumbe cada ejercicio de sus construcciones.

La actual Ley de Costas en España, de 1988 aunque con la modificación de 2013, no ofrece el abrigo legislativo para una protección adecuada. Y es un obstáculo significativo para la puesta en valor de numerosos enclaves que quedan en estado de semiabandono, con peligro para el ciudadano por su estado ruinoso y muchas veces como habitáculo perfecto para la okupación. En la provincia gaditana, entre diferentes ejemplos, el Balneario de la Palma, Castillo de Santa Catalina, Sancti Petri, La Chanca en Barbate, la Isla de Tarifa... todos en mayor o menor medida han sufrido problemas para su conservación.

Además, la agilización en los trámites para darle un uso cultural ( antiguos cuarteles, casas salineras, torres defensivas...) abriría un abanico de posibilidades al aplicárseles sólo las limitaciones establecidas por el Catálogo de Cultural.

Tras salir adelante en el Senado, el Partido Popular ha presentado una proposición de Ley en el Congreso de los Diputados para la modificación de esta ley con el fin de preservar «conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional y otras instalaciones de interés público en terrenos que han pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre». En su exposición de motivos, lamentan que «el deslinde», herramienta de Costas, «en ocasiones supone un despojo de propiedades consolidadas» que forman parte del patrimonio histórico, cultural y paisajístico de la costa. Propone dotar de mejores atributos para evitar expedientes de desocupaciones o derribos que luego «suscitan el rechazo social unánime» pero ya no es posible dar marcha atrás. Además, esos derribos luego no repercuten en la mejoría del ecosistema al quedar espacios muy degradados.

Esta nueva ley incluye esos Bienes de Interés Cultural situados en dominio público marítimo-terrestre, y obliga a la Administración a otorgar la correspondiente concesión en el plazo de un año a contar desde la fecha de la declaración como BIC. Y se añaden los núcleos urbanos con especiales valores etnológicos. Estos núcleos serán excluidos del dominio público marítimo terrestre mediante la práctica de un deslinde que los excluya.

La Proposición de Ley asegura la protección del frente litoral de los núcleos urbanos comprendidos en esta disposición.

Por último, también se insertan los clubes náuticos que se dedican a estas actividades deportivas. La legislación recoge que las instalaciones se ubicarán preferentemente fuera de la playa y, cuando no sea posible, en los extremos, adaptadas totalmente al entorno. Y sólo para actividades deportivas náuticas.

La pasada semana se aprobó en el Congreso de los Diputados su toma en consideración, con 189 votos a favor, 155 en contra y una abstención, pese al voto en contra del PSOE y de Sumar. En Huelva, desde el Partido Popular aseguran que «municipios como Lepe, Isla Cristina, Ayamonte, Cartaya, Punta Umbría o Mazagón han sufrido durante años la amenaza de derribos sobre viviendas y negocios familiares, construidos legalmente y con arraigo.

La falta de actuación «ha dejado a muchos tramos de costa literalmente abandonados, como El Portil, donde los vecinos siguen esperando una actuación urgente y seria». En Málaga, el objetivo es exigir al Gobierno que excluya del dominio público marítimo terrestre las viviendas afectadas de los terrenos de El Palo, Pedregalejo y la Araña, como demandan históricamente los vecinos.

En Granada, entienden que la ley «garantizará la protección jurídica de propietarios de viviendas y pequeños negocios del litoral granadino, frente a la amenaza constante que supone la legislación actual para quienes llevan décadas viviendo legalmente en la costa». Y en Cádiz, «esto permitiría dinamizar y regularizar fácilmente ámbitos muy importantes en la provincia. Podría ser una iniciativa de mucho interés ya que sobre todo facilitaría la puesta en valor de todo el patrimonio histórico cultural costero en una provincia como la de Cádiz, con innumerables instalaciones singulares y con grandes posibilidades para facilitar el desarrollo sociocultural y económico de nuestra costa».

Frente a los que crean que es una puerta abierta al pelotazo urbanístico, los responsables de su redacción insisten en que «no todo lo construido junto al mar es igual, ni todo debe ser derribado». Y es que el PSOE considera que «es inconstitucional y negacionista del cambio climático». «Deja la puerta abierta a la legalización de construcciones que han invadido nuestras costas», apuntan desde Sumar.

En el PP valoran que siempre hay que buscar el equilibrio entre el patrimonio natural y el cultural, entre la protección del medio ambiente y de la propiedad privada.