Andalucía empieza a tramitar su propia ley de vivienda con el reto de ampliar la oferta y bajar los precios

La norma autonómica nace con la vocación de contrarrestar los efectos indeseados que, según la denunciado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, está teniendo la ley estatal. La Junta de Andalucía la impugnó ante el Constitucional por invadir competencias autonómicas. El texto legal aprobado impuso límites a los precios del alquiler en las zonas más tensionadas de algunas ciudades. Lejos de facilitar el acceso a la vivienda, ha provocado que los costes para alquilar se hayan disparado hasta un 13%, la oferta está en mínimos, mientras se multiplican los alquileres temporales y de habitaciones. La Junta persigue con su anteproyecto «reparar el daño» causado con el «intervencionismo» del Gobierno central en esta materia.

En Andalucía hay un déficit de 90.000 viviendas, según el Banco de España. Para darle la vuelta a esta situación, el Gobierno de Juanma Moreno aboga por construir más viviendas a precios asequibles, particularmente para los jóvenes, que encuentran en los altos precios del alquiler y compra un obstáculo insalvable para emanciparse. Ante este problema, la Junta facilita a los jóvenes desde septiembre un aval que permite cubrir, junto a la hipoteca bancaria, el 95% del coste de adquisición de la primera vivienda.

El anteproyecto de la Ley de Vivienda de Andalucía que hoy inicia su tramitación pivota sobre cuatro ejes. El primero es la puesta a disposición de suelo como elemento esencial para el incremento del número de viviendas, especialmente de las protegidas.

El segundo es incrementar la oferta de este tipo de vivienda. Al tener un precio limitado, éste puede ser asumido por los jóvenes con menores ingresos. Para conseguirlo, habrá más flexibilidad en el uso de los suelos ya urbanizados para agilizar las promociones de vivienda de protección oficial (VPO).

En tercer lugar, la norma procura un equilibrio en los usos y la gestión de las viviendas, primando el residencial habitual y permanente, pero incorporando nuevas formas de residencia. Por último, la nueva norma tratará de determinar unos requisitos de calidad del inmueble y fomentará la rehabilitación, tanto para la nueva vivienda que se construya como para la existente que, en muchos casos, sufre de obsolescencia.

Actualmente, en Andalucía hay cuatro normas que regulan esta materia y que serían derogadas cuando entre en vigor la futura ley. Entre los objetivos que se marca la Consejería de Fomento con su nuevo texto están acabar con la dispersión normativa existente, y poner coto al encarecimiento del precio, tanto para la venta como para el alquiler, debido a la falta de oferta de vivienda para arrendar. Se fomentará la vivienda a precios asequibles tanto para los jóvenes como otros colectivos.

El texto también se fija en las carencias de espacios públicos y zonas verdes para tratar de ponerle remedio. Con la nueva regulación, se pretende aumentar el parque de viviendas sostenibles, más eficientes y saludables, inteligentes, y más digitales.

El Gobierno de Juanma Moreno, que presentó contra la ley estatal un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), argumentando que el Estado «no puede legislar, ni siquiera de forma supletoria, en materia de vivienda». La mayoría progresista que compone este órgano de garantías avaló el grueso de la Ley de Vivienda aunque declaró inconstitucionales varios artículos. El TC apreció que, por primera vez, el Estado ejercita su potestad que le confiere el artículo 149.1.1 de la Constitución para regular las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.