La lenta lucha andaluza contra los 'pisos cárcel': sólo 3.500 ascensores más al año y un millón de viviendas inaccesibles

Según los datos de la Asociación de Ascensores de Andalucía, que aglutina las principales empresas del sector, desde la aprobación del decreto hasta el momento en Andalucía el número de ascensores instalados en Andalucía ha crecido en torno a las 40.000 unidades, lo que supone un ritmo de en torno a 3.500 al año. Esa es la cifra que se registró por ejemplo en todo el año 2023. De éstos, casi una tercera parte se han instalado en la provincia de Málaga. Desde la entidad inciden en que, teniendo en cuenta que ahí se incluye la obra nueva, el dato refleja que el ritmo no permite cumplir con los objetivos del decreto y que no se están ejecutando las intervenciones de rehabilitación o adecuación de edificios más antiguos de toda Andalucía.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística ratifican esta percepción. Según la última explotación de la estadística del Censo de Viviendas, en la comunidad autónoma hay un parque residencial con 3,2 millones de pisos, de los cuales en el caso de Andalucía una tercera parte, más de un millón de viviendas, no cumplen con los requisitos en materia de accesibilidad. Es un proporción similar a la que se da a nivel nacional. Si se excluyen todas las viviendas unifamiliares de la estadística, el diagnóstico es que hay unos 500.000 pisos en edificios de más de una vivienda sin las medidas adecuadas de accesibilidad. Una estimación similar se recogió en el informe del Defensor del Pueblo de Andalucía que sirvió de base en la elaboración de la normativa autonómica en la que señalaba que la población afectada por estas barreras arquitectónicas supera los 1,7 millones de personas.

El principal problema para la adecuación de los inmuebles más antiguos a las normativas de accesibilidad es el precio, como subraya el presidente del Consejo Andaluz de Administradores de Fincas , José Feria. La inversión necesaria para la instalación de un ascensor nuevo asciende a unos 50.000 euros sin incluir las actuaciones complementarias de adecuación del inmueble que pueden multiplicar por tres o incluso por cuatro el importe hasta llegar a los 200.000 euros como confirman desde la asociación de empresas del sector.

Por este motivo, los planes de ayudas públicas y subvenciones son fundamentales. Aunque algunos ayuntamientos han puesto en marcha programas, la competencia en este ámbito es principalmente de la comunidad autónoma. Este mismo mes ha arrancado la mayor convocatoria de subvenciones para la instalación de ascensores de la Junta de Andalucía en los últimos seis años. En total, son 31 millones de euros que permitirán asumir el 60% de los costes para la instalación de un ascensor, una rampa o un elevador para unos 5.200 hogares de toda Andalucía tanto en viviendas unifamiliares como en edificios. El plazo para presentar solicitudes está abierto hasta el próximo cinco de marzo.

Para acceder a esta convocatoria, no obstante, hay que cumplir requisitos: deben ser edificios anteriores a 2006 o en los que resida al menos una persona mayor de 65 años o con discapacidad y deben acreditar que al menos la mitad de los pisos tiene ingresos inferiores a cuatro veces el IPREM. La ayuda máxima será de 9.000 euros por vivienda en edificios y de 12.500 euros para unifamiliares. La cofinanciación, por tanto, es obligatoria. Y esa es una de las grandes debilidades de los procesos: las comunidades deben cofinanciar y, además, asumir la elaboración, ejecución del proyecto y justificación de la ayuda. Una complejidad que suele dejar fuera a una parte de la población afectada por los problemas de accesibilidad.

Es la tercera convocatoria de estas características promovida en los últimos años por la Consejería de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio y la sexta en los últimos diez años (2015, 2016, 2017, 2018, 2020 y 2023) .Desde 2019 se han ejecutado según los datos de este departamento 51 millones que han beneficiado en torno a 13.000 hogares. A un ritmo de convocatorias de una cada dos años (el tiempo que transcurre entre la aprobación de las bases, la ejecución y la resolución) la próxima programada se adjudicará entre 2025 y 2026. La Junta, además, mantiene una línea de adecuación del parque público de viviendas: en los últimos años se han desarrollado en distintas provincias 65 actuaciones que benefician a 1.983 viviendas con una inversión estimada de 10,5 millones de euros.

El Consejo Andaluz de Administradores de Fincas, la Asociación de Ascensores de Andalucía y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad valoran positivamente esta convocatoria pero coinciden al reclamar que para que pueda haber un ritmo óptimo de rehabilitación y adecuación del parque residencial andaluz debe haber una estabilidad y una continuidad en las subvenciones, además de que el importe sea superior para que tenga un mayor alcance.

Pero al margen del importe económico existe otra gran barrera que impide la mejora de la accesibilidad que subraya la presidenta de Cermi Andalucía, Marta Castillo: los criterios fijados en la Ley de Propiedad Horizontal que establece que un ascensor es obligatorio para una comunidad si la derrama no supera las doce cuotas de comunidad de cada uno de los propietarios. Si ese índice se supera, algo muy habitual e inevitable si además de la instalación es necesaria obra civil, debe aprobarse por parte de la comunidad. Y en ese punto, son muchos los edificios que se quedan bloqueadas y las personas que no encuentran solución a los graves problemas de accesibilidad.

Los administradores de Fincas desempeñan un papel fundamental a la hora de buscar acuerdos en una comunidad para la instalación de ascensores, realizar los trámites o facilitar el acceso a las convocatorias de subvenciones. El Presidente del Consejo Andaluz de Administradores de Fincas, José Feria, subraya que el ritmo de eliminación de barreras arquitectónicas «es lento» y que son muchos los bloques residenciales que «no llegan» para hacer frente al coste económico y a las dificultades técnicas. En este sentido, considera fundamental la generación de convocatorias de subvenciones públicas como la que tiene en marcha en estos momentos la Junta de Andalucía. No obstante, apunta que sería necesario una «mayor cuantía y estabilidad» en los programas de financiación. «Nosotros vamos a hacer una labor de informadores y animadores para que esta convocatoria y las que se pongan en marcha sean un éxito en Andalucía», afirma.

Pedro Ángel Martínez es el presidente de la Asociación de Ascensores de Andalucía, que aglutina a las principales empresas del sector. Subraya que en la obra nueva, cumpliendo con la norma, se están instalando ascensores en los edificios de más de dos plantas, pero que el coste de las rehabilitaciones hace que el ritmo «sea muy lento» para los edificios antiguos. Recuerda, en este sentido, que el decreto de 2009 ha sido imposible de cumplir ni en el parque público ni en el parque privado y que las convocatorias de subvenciones públicas son fundamentales para activar el sector y que se realicen instalaciones. «Sigue habiendo muchas viviendas sin un ascensor que sería necesario en Andalucía».

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) expresa su preocupación por la cantidad de personas con discapacidad o mayores que se encuentran «atrapadas» en sus viviendas sin poder salir al exterior. «Se ha ido mejorando pero los procesos van demasiado lentos», apunta su presidenta Marta Castillo. Desde la entidad celebran las convocatorias de ayudas aunque apuntan que deben tener una «estabilidad y continuidad» y no ser puntuales. Además, reclama la modificación urgente de la Ley de Propiedad Horizontal para evitar que tantas comunidades se nieguen a la instalación de un ascensor en edificios donde reside una persona con graves problemas de movilidad por motivos económicos y que se establezcan programas adecuados de ayudas para estos casos.