El Juzgado de Cádiz que investiga los contratos del SAS pide a la Intervención del Estado que informe del «daño al erario público»

En una providencia dictada el pasado 4 de diciembre, el magistrado solicita a la IGAE que analice «todos los contratos objeto de investigación en el procedimiento, incluidas adendas, prórrogas y modificaciones, a los efectos de constatar y pronunciarse en relación a las irregularidades que aparecen detectadas en los informes de Intervención General de la Junta de Andalucía«. El juez recuerda que la Intervención del SAS sólo analizó una muestra y ahora encarga a la IGAE un «análisis global e integral de la contratación menor fraccionada bajo sospecha de ilicitud« para lo que garantiza a los peritos «acceso a toda la documentación obrante« en la causa.

Por otro lado, el magistrado reclama en la providencia que la IGAE realice un «análisis técnico» de cada expediente administrativo sobre la «existencia y legitimidad de causa habilitante de la contratación menor fraccionada objeto de investigación, con examen y diagnosis técnica del procedimiento administrativo seguido para su tramitación».

Igualmente solicita un análisis técnico de los «precios de contratación desarrollados resultantes de la modalidad de contratación y fragmentación adoptadas, con evaluación de contraste entre los precios contratados y los resultantes de haberse seguido los debidos procedimientos de la Ley de Contratos del Sector Público y mediando publicidad y concurrencia en la contratación».

El juez hace especial hincapié en los precios de contratación y reclama a la IGAE que realice una «comparación con otras comunidades autónomas que obren en los perfiles del contratantes de las Administraciones Públicas», para lo que «se facilitará la documentación obrante en autos y los peritos solicitarán a través de la instrucción que se recaben todos aquellos datos y expedientes que sean necesarios para la confección de la pericial».

También pide un «análisis técnico en cada uno de los expedientes analizados sobre si existió o no la debida justificación de la prestación de los servicios contratados y abonados» y que determine «las fuentes presupuestarias con las que se financiaron los importes de la contratación investigada y análisis financiero presupuestario de su acomodo al ordenamiento y normativa de aplicación, analizando asimismo las fases de autorización y aprobación del gasto público, procedimiento presupuestario debido y acomodo del órgano autorizante a la legalidad económico presupuestaria de aplicación».

Finalmente, el magistrado solicita que se determine «el daño producido al erario público, aun de manera aproximativa o potencial, a partir del análisis de las consecuencias de la presencia o ausencia, en los expedientes analizados, de acomodo a la debida modalidad de contratación y deberes legales de publicidad, competencia y concurrencia». Esta providencia puede ser recurrida en reforma en el plazo de tres días a partir de su notificación.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz acordó a finales de octubre prorrogar el plazo máximo de investigación judicial hasta el 2 de abril de 2026 tras la petición de ampliación del periodo de instrucción presentada por la representación del PSOE, y a la que se unieron Podemos y el Ministerio Fiscal con la oposición del resto de partes.