La Junta de Andalucía supera el envite del Tribunal de Cuentas por los contratos del SAS aunque sigue abierta la vía judicial del PSOE

El expediente abierto por el Tribunal de Cuentas tuvo como base el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre los contratos del SAS firmados por vía de emergencia (sin concurrencia y con un procedimiento exprés) en el año 2020, a raíz de la pandemia. El análisis detectaba el uso inadecuado de los procedimientos en varios de los expedientes debido a falta de justificación de la emergencia o problemas en la tramitación o certificación de los gastos.

De la muestra realizada por la Cámara de Cuentas correspondiente a 2020 se detectaron en torno a 200 contratos con alguna carencia o incumplimientos de la normativa. De ésos, sólo tres, correspondientes a obras adjudicadas por las centrales de compras de Sevilla, Granada y Almería por un importe de entorno a 2,5 millones de euros llegaron a tener entidad suficiente para que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas abriera causa de oficio para analizar posibles «responsabilidades contables». Esta investigación fue notificada a la Junta de Andalucía el pasado mes de septiembre en un oficio en el que se le solicitó a la Administración autonómica que presentara sus consideraciones y que remitiera toda la documentación oportuna.

Sin embargo, tras revisar estos tres expedientes de contratos del SAS, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha descartado que haya responsabilidades contables en la Consejería de Salud y Consumo. Así, el pasado 20 de octubre notificó a los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía su decisión de archivar la causa tras no detectar irregularidad alguna con una resolución que el Gobierno autonómico hizo pública ayer.

No obstante, este archivo sólo afecta a una de las investigaciones abiertas en torno a las contrataciones del Servicio Andaluz de Salud por la vía de emergencia a raíz de la pandemia. La de mayor relevancia la lleva el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla a raíz de la denuncia presentada por el PSOE que se centra en los contratos de emergencia celebrados cuando ya no había estado de alarma por la pandemia y por tanto no estaban amparados por la flexibilidad legal acordada para hacer frente a la Covid.

El PSOE concretamente denunció a la Junta de Andalucía en julio por delitos de malversación y prevaricación en estas contrataciones. Su denuncia ha sido admitida a trámite aunque de momento sólo en relación con el delito de prevaricación. Los socialistas han ampliado ya en una ocasión su denuncia inicial al incorporar más información respecto a la inicial.

Esta investigación sigue su curso y de ella ha tomado las riendas la Fiscalía Anticorrupción. Para el PSOE, partido denunciante, se trata de una escalada en esta primera causa judicial de envergadura que afronta el Gobierno de Juanma Moreno. Para la Junta, sin embargo, es un trámite, un procedimiento «normal y razonable» dada la existencia de una denuncia.

Comparte esta apreciación el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, quien ayer en sede parlamentaria restó también importancia a la intervención de Anticorrupción: «Es una Fiscalía especializada en ese tema y se trata de centralizar y unificar toda esa materia para que no sean fiscalías distintas de diferentes provincias. Entra dentro de la normalidad».

El Gobierno andaluz volvió a defender ayer por parte de la consejera de Salud, Rocío Hernández, la legalidad de todos los contratos con argumentos similares a los empleados en ocasiones anteriores por la consejera de Hacienda y portavoz, Carolina España. Ambas inciden en la existencia de informes jurídicos que avalan el uso de la fórmula de los contratos de emergencia en estos expedientes. «Aquí no se está hablando de comisiones, no se está hablando de productos ni de mascarillas que se hayan comprado al triple de su valor y no hayan aparecido. Esto no es el caso Koldo. Esto no es nada parecido. Es un procedimiento administrativo de emergencia para contratar unos servicios sanitarios en unos momentos delicadísimos de la Covid como lo fue el año 2021», argumentó Carolina España en una entrevista en Canal Sur.

No obstante, la Junta de Andalucía mantiene de momento una situación de desventaja: no tiene acceso a la denuncia formulada por el PSOE ni a la línea de investigación abierta por el Juzgado. Al no ser parte, la única información de la que dispone es el oficio en el que el Juzgado le solicita la documentación y los expedientes.

Hasta el momento, la Junta de Andalucía viene apuntando que la personación no es necesaria como parte de una argumentación centrada en restarle importancia a una denuncia. Pero ayer el presidente de la Junta de Andalucía abrió las puertas a un análisis en torno a esa decisión que le corresponde en cualquier caso a los servicios jurídicos de la Junta. Se adoptará o no en función de cómo evolucione el proceso.

El PSOE, por su parte, sigue trabajando incluso en ampliaciones de su denuncia incorporando otras cuestiones como los informes de la Intervención General en relación con contratos menores tramitados sin una adecuada justificación y eleva ya las irregularidades a más de 1.200 millones.

«Es de una enorme gravedad. Se han desviado 243 millones de euros a la sanidad privada a través de contratos de emergencia a dedo basados en normas derogadas una vez que había finalizado la pandemia y se han firmado de forma fraudulenta más de 1.200 millones de euros en contratos irregulares», apuntó el diputado socialista Rafael Márquez.

Para sorpresa incluso del Gobierno andaluz, ni el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ni ningún portavoz se refirió en la sesión de control a los contratos del SAS y a la personación de la Anticorrupción. Según los socialistas en medio de los efectos de la DANA no era el momento por lo que optaron porque el tema lo defendiera el diputado Rafael Márquez. El presidente, Juanma Moreno, tenía preparada la respuesta con el archivo de la denuncia en Tribunal de Cuentas.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, iba preparado para una sesión de control centrada en los contratos del SAS,. Sin embargo, no hubo referencia alguna en el salón de plenos y sólo tuvo que hacer frente a las preguntas de los medios sobre la Fiscalía Anticorrupción. Su respuesta fue restarle importancia: «Parece razonable», es un proceso normal tras una denuncia. La Junta mantiene la convicción de que la denuncia quedará en nada.