La Junta presentará recurso de oposición al deslinde de las marismas de Doñana aprobado por el Gobierno

Al respecto, ha anunciado que los servicios jurídicos de la Junta ya trabajan en la presentación del correspondiente recurso, al considerar que el proceso «adolece de errores tanto técnicos como jurídicos» y se ha tramitado «sin consenso y sin respeto al informe preceptivo del Consejo de Participación».

Esta sesión extraordinaria, convocada con un único punto en el orden del día, ha abordado el informe del Pleno sobre el deslinde que afecta a los términos municipales de Hinojos, Almonte y Aznalcázar, una iniciativa promovida por la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio. Como resultado, el Consejo de Participación ha aprobado informar de manera desfavorable de la propuesta de deslinde y, además, elevará una queja formal al Ministerio por no haber tenido en cuenta en la orden el informe preceptivo del propio Consejo.

El Consejo de Participación ha estado presidido por Enrique Mateos, y ha contado con la presencia del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán; los alcaldes de Almonte, Francisco Bella, e Hinojos, Joaquina del Valle Ortega; el director general de Espacios Naturales Protegidos de la Junta de Andalucía, José Enrique Borrallo; el director del Espacio Natural de Doñana, Juan Pedro Castellano; el comisionado para el Acuerdo de Doñana, Jaime Mora; el delegado territorial en Huelva, Pedro Yórquez, así como representantes de la Universidad de Huelva, organizaciones agrarias y ecologistas, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), entre otras autoridades.

Arjona ha explicado que el Gobierno de España ha aprobado este deslinde sin contar con el informe preceptivo del Consejo de Participación, pese a que el propio Ministerio conocía la convocatoria de esta sesión extraordinaria desde las comisiones de trabajo celebradas el pasado 26 de septiembre. «No entendemos —ha señalado— cómo se ha podido proceder a su publicación en el BOE sin esperar a que este órgano emitiese su parecer, cuando precisamente la legislación exige su consulta en procedimientos que afectan de manera tan directa a un espacio natural protegido como Doñana».

El viceconsejero ha recordado que la Junta de Andalucía ya había trasladado su oposición al deslinde propuesto, a través de los informes remitidos por el Espacio Natural de Doñana los días 20 de noviembre y 5 de diciembre de 2023. En dichos documentos, el equipo técnico manifestaba que la propuesta del Ministerio excede los límites naturales de influencia mareal y no está debidamente justificada, advirtiendo además que los ecosistemas, hábitats y especies presentes en la zona no guardan relación con los procesos de flujo y reflujo de las mareas, como se pretende argumentar en el expediente.

Según ha detallado, los informes también cuestionaban la referencia a la denominada «montaña del río» como barrera artificial que impide la conexión de la marisma con la marea, recordando que esta infraestructura fue concebida precisamente para favorecer la inundación de las marismas, cuya dinámica responde a un origen pluvio-fluvial y no marino.

A juicio del viceconsejero, esta actuación «no solo se ha ejecutado sin el consenso de las administraciones implicadas, sino que carece del rigor técnico necesario para justificar una reclasificación de terrenos que, en la práctica, afecta a más de la mitad del patrimonio público gestionado por la Junta de Andalucía en el entorno de Doñana». En concreto, ha precisado que el deslinde afecta al 56% de las fincas públicas del espacio, incluyendo la totalidad de las marismas de la provincia de Sevilla, adquiridas en su día por el Estado en 2006 a propietarios privados y transferidas posteriormente a la comunidad autónoma a través de un decreto de traspaso.

«Se trata de fincas perfectamente conservadas, con una gestión ambiental ejemplar, que han sido objeto de restauración, seguimiento científico y control permanente», ha apuntado Arjona, quien ha insistido en que «no se entiende la necesidad de intervenir sobre un territorio que ya cuenta con un régimen de protección integral bajo la figura de parque nacional y parque natural». En este sentido, ha añadido que el procedimiento impulsado por el Ministerio «abre una incertidumbre jurídica innecesaria sobre los límites de gestión y propiedad, lo que puede generar conflictos administrativos y operativos en la conservación del espacio».

Durante su intervención, el viceconsejero ha subrayado además la falta de transparencia y de diálogo previo en la tramitación del expediente, señalando que «el Gobierno central ha actuado unilateralmente, sin escuchar a las administraciones que trabajan día a día en la gestión de Doñana, ni a los propios órganos de participación que la ley prevé para estos casos». Arjona ha lamentado que «no se haya buscado el consenso», cuando en otros lugares de España el Ministerio ha optado por dejar caducar procedimientos similares precisamente por la ausencia de acuerdo. «Aquí, sin embargo, se ha hecho lo contrario: se ha acelerado el proceso y se ha publicado en el BOE sin el aval del Consejo de Participación y con informes técnicos en contra», ha afirmado.

Arjona ha insistido en que el Gobierno andaluz «no comparte el fondo ni la forma» de este deslinde y que, en consecuencia, formulará un recurso para defender los intereses ambientales y patrimoniales de Andalucía. «No se trata de una cuestión de competencias, sino de sentido común y de rigor científico. Las decisiones sobre el territorio deben basarse en la realidad física y ecológica, no en interpretaciones administrativas que alteren un equilibrio que ha funcionado durante décadas», ha sostenido.

En su intervención, el viceconsejero ha reiterado la disposición de la Junta de Andalucía a mantener un diálogo institucional leal y constructivo con el Ministerio para la Transición Ecológica, «pero siempre sobre la base del respeto a los procedimientos, a la ciencia y a la legalidad vigente». Así, ha recordado que el Consejo de Participación de Doñana «es precisamente el espacio creado para garantizar esa colaboración y participación de todos los actores implicados», y que ignorar su informe «supone vaciar de contenido su función y debilitar un modelo de gobernanza que ha sido referencia durante años en la gestión de los espacios naturales protegidos».