La Junta modifica 80 millones del presupuesto andaluz a petición de los grupos, la cifra más alta con una mayoría absoluta
La mitad de las medidas las ha incorporado el PP mientras que Vox concentra el 64% de las iniciativas aprobadas a los grupos de la oposición
La Junta de Andalucía da luz verde a subir el 30% el canon del agua y a recuperar los ingresos del Impuesto de Grandes Fortunas

En un gobierno con mayoría absoluta el plazo para la formulación de enmiendas al presupuesto se suele convertir en un mero trámite. No hay que pactar nada ni hay que realizar cesiones en las cuestiones básicas. Los votos están garantizados. Sin embargo, para el año ... 2025, el Gobierno andaluz ha aprovechado este proceso para ejecutar una doble estrategia. Por un lado, para corregir y completar el documento elaborado por Hacienda a través de medidas formuladas por el Grupo parlamentario del PP-A (en algunos casos debates incómodos para el Gobierno autonómico). Y por otro lado, para realizar gestos (en su mayor parte simbólicos) con la oposición que distancien al Ejecutivo autonómico de la imagen de «rodillo» que suelen tener los gobiernos cuando disponen de una holgada mayoría y mantener vivo el discurso de la «vía andaluza» que abandera Juanma Moreno y que trata de integrar medidas de distintos ámbitos ideológicos y políticos.
El resultado de esta doble estrategia es que el proyecto que aprueba hoy el Parlamento incluirá más de un centenar de enmiendas de todos los grupos políticos valoradas en más de 80 millones de euros, la mitad de ellas de grupos de la oposición. Es un balance «récord» en un gobierno andaluz con mayoría absoluta como recordó el portavoz del PP, Toni Martín. En 2023 se incorporaron once medidas de la oposición, en 2024, 27. Y en el PP incidieron en que fueron cero las aprobadas en 2016, 2017 y 2018 con gobiernos entonces del PSOE.
En cualquier caso, el mayor volumen de modificaciones lo concentran las correcciones incorporadas por el PP vía enmiendas. En total medio centenar de medidas que suponen más de 40 millones de euros. Es una técnica parlamentaria habitual recurrir al partido para completar un proyecto de ley, aunque en este caso es especialmente significativo que se haya modificado a través de esta vía la política de ingresos al sumar 23,4 millones de euros más con la subida del canon del agua (que se destinan a una batería de proyectos vinculados con la sequía) y 11,5 millones al asumir toda la recaudación de las grandes fortunas a través de una modificación del Impuesto de Patrimonio. Con este aumento de ingresos (y otros ajustes) se financian medidas como 500.000 euros para el Ayuntamiento de Jaén (decididos antes de la moción de censura), 1 millón para el virus del Nilo o 7 millones para la CEA, CCOO y UGT.
Pero al mismo tiempo este aumento de recaudación ha dado un mayor margen al PP para negociar con los grupos de la oposición e incorporar nuevas medidas al presupuesto. Así, el PP se marcó como objetivo pactar a izquierda y derecha e incorporar medidas de uno y otro ámbito ideológico. Se trataba de incluir gestos, no grandes proyectos presupuestarios (puesto que sobre un presupuesto de 48.800 millones apenas supone un ajuste ínfimo).
El PP ha pactado durante este proceso medidas propuestas por Vox como aumentar los fondos para la tauromaquia o la caza, realizar un plan de inspección del fraude eléctrico con cultivos de marihuana que provoca problemas en los suministros, o medidas de apoyo a la flota pesquera para paliar los efectos de los últimos acuerdos de la Comisión Europea. Y, al mismo tiempo, ha abierto la mano con esta formación en el ámbito sanitario aceptando una revisión de 21 millones de euros para dedicarlos a reducir listas de espera o desarrollar terapias oncológicas en los Chares.
No obstante, no fue una cesión completo: El PP retiró la justificación que Vox apuntaba en sus medidas en la que señalaban que el objetivo o era retirar fondos que se empleaban para «la práctica del aborto o para intervenciones quirúrgicas para cambios de sexo». Con todo esto, el PP pactó con Vox casi 25 millones de euros, el 64% del dinero que dedicó a la oposición.
También hubo cesiones simbólicas a los partidos de izquierda. Se aceptó reforzar las medidas de la Ley LGTBI, aumentar los fondos para la exhumación de fosas en ejecución de la ley de memoria histórica, un plan para el deporte inclusivo nuevos programas de dispenso de metadona.
El grupo que vio más medidas incorporadas fue Por Andalucía con 26 propuestas en total. Entre ellas, destacan 14 millones de euros de reajustes en la Consejería de Educación para impulsar la innovación educativa o la digitalización; 1 millón de euros para unidades de pie diabético; 500.000 euros para el desarrollo de un programa dirigido al colectivo LGTBIQ+ o 50.000 euros para la exhumación de fosas en aplicación de la ley de memoria histórica.
En el caso del Grupo Socialista, el PP ha aceptado menos iniciativas. Concretamente siete propuestas por un importe de 2,3 millones de euros. La mayor parte de estos fondos se corresponden con una partida de 2 millones de euros para prestaciones ortoprotésicas. Además, se incorporan 70.000 euros para asociaciones que luchan contra la violencia de género, un estudio de adaptación de la agricultura y ganadería al cambio climático o el aumento de las Becas Adriano.
Apenas hubo entendimiento, por último, con Adelante Andalucía, formación que descartó mantener negociaciones de transaccionales con el PP al considerar insuficientes las propuestas ofertadas. Sólo 20.000 euros.
Estos gestos, en cualquier caso, no evitan que el escenario político con el que el PP afronta la aprobación hoy del Presupuesto para 2025 sea el mismo que cuando arrancó este proceso: la mayoría absoluta será la que avale las cuentas sin que ninguno de los grupos de la oposición se muevan de un rechazo que ya los tres de izquierda reflejaron en sus enmiendas a la totalidad.
Así, el debate en torno a las enmiendas fue una sucesión de críticas de los grupos de la oposición que tacharon como «robo, mentira, insuficiente o pésimo para Andalucía» las cuentas para 2025. El PP, por su parte, defendió su carácter social, la contribución al crecimiento y la estabilidad que supone aprobar los presupuestos año a año.
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