La Junta hará «todo lo posible» para frenar «la tropelía del cupo catalán, que supone recortes para Andalucía»

No obstante, la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña, necesitada de los votos de Esquerra Republicana, ha alejado aún más esa posibilidad de financiación justa. ERC ha exigido como contraprestación un modelo similar al cupo vasco, por el que recaude todos los impuestos de los ciudadanos de su territorio y los gestione de manera autónoma, decidiendo desde el gobierno catalán el importe que se destinaría a la nación. Un pacto con la connivencia de la actual ministra de Hacienda María Jesús Montero, que ha abandonado la guerra que inició como consejera en la Junta en los años socialistas y acepta un sistema perjudicial para la tierra que aspira a presidir.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha manifestado que la financiación singular de Cataluña pactada entre el Gobierno central y la Generalitat va a suponer «pérdidas millonarias» para Andalucía, y ha exigido al PSOE-A que se «retrate» de una vez y diga si apoya o no el «cupo independentista». Ha querido dejar claro que la Junta hará todo «lo posible para parar esta tropelía».

En una entrevista con Europa Press, España ha manifestado que ese «cupo independentista» ha sido «ideado y ejecutado» por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que además es secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones generales.

«Un cupo independentista que supone un agravio y ataque a Andalucía y al resto de comunidades del régimen general«, ha indicado la consejera, quien ha querido dejar claro que esta comunidad »no se puede permitir las pérdidas millonarias que van a suponer estos privilegios al independentismo«.

«Una financiación singular es sinónimo de recortes para Andalucía, recortes que luego se traducen en menos médicos, en menos profesores, en menos gasto para la dependencia, en menos viviendas o en menos infraestructura, y esa es la realidad«, según ha sentenciado.

Para España, ante este escenario, hay que «preguntarse dónde están los socialistas andaluces«, sobre todo, porque «estamos viendo como los socialistas de Castilla-La Mancha o de Asturias han expresado que están en contra del cupo catalán».

Por lo tanto, según ha indicado, «los socialistas andaluces tienen que retratarse y decir si van a defender a Andalucía» y si van a «alzar la voz», como están haciendo sus compañeros de otros territorios, en contra de los «privilegios» a Cataluña en detrimento del resto de comunidades.

Ha insistido en que los socialistas andaluces tienen que dejar claro si van a defender a Andalucía o si van «a seguir defendiendo» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a Montero.

Carolina España ha indicado que no ha recibido respuesta aún a la carta que remitió a Montero a mediados de este mes de julio planteándole retomar el diálogo multilateral sobre financiación y no avanzar hacia un concierto fiscal para Cataluña.

Ha lamentado que tras «varias cartas» remitidas a la ministra, aún no haya atendido la petición de abordar una reforma del sistema de financiación de manera multilateral, cuando es precisamente lo que ella misma «pedía» cuando era consejera de Hacienda en los anteriores gobiernos del PSOE-A en Andalucía.

El «cupo catalán», según la consejera, «ni es progresista, ni es justo, ni es solidario» y claramente es un «ataque a la unidad de todos los españoles y a la igualdad», así como un «atentado a la solidaridad interterritorial y a la cohesión y supone la ruptura de España y el desmantelamiento del sistema de comunidades autónomas, tal y como lo conocemos ahora».

«Es cargarse el estado por la puerta de atrás», según ha expresado Carolina España, quien ha indicado que el Gobierno andaluz está manteniendo «contactos» con comunidades autónomas, tanto con las del PP como «con alguna» del PSOE, para abordar las consecuencias de ese «cupo independentista».

Respecto al hecho de que en el acuerdo entre el Gobierno central y la Generalitat se recoja la posibilidad de que otras comunidades quieran adoptar el modelo de financiación pactado para Cataluña (recaudación de todos los impuestos, que irán destinados a una cesta de tributos de la que saldrá la cifra que se quedará el estado para financiar sus gastos en Cataluña y el resto será para la Generalitat), la consejera ha señalado que eso es una «barbaridad» y que el Gobierno de Andalucía «no va a ser cómplices ni va a participar en la ruptura de España ni en el desmantelamiento del sistema de las autonomías tal y como lo conocemos».

«Si dan el 100% de los ingresos y luego cada comunidad decide qué cuota de solidaridad aporta al estado para los gastos comunes, eso es la ruptura de España«, ha indicado la consejera, insistiendo en que la Junta de Andalucía no va a «participar de esa auténtica barbaridad».

La consejera ha insistido en reclamar al Gobierno central la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar un nuevo sistema de financiación autonómica, que afecta a todas las comunidades autónomas del régimen común, incluida Cataluña.

«Solo hay dos comunidades que no son del régimen común, País Vasco y Navarra, que tienen otra financiación diferente, pero al resto de comunidades, incluida Cataluña, nos afecta el sistema de financiación«, ha señalado España, quien ha apuntado que »lo que nos afecta a todas, tenemos que decidirlo entre todas«.

Ha señalado que la reforma del sistema de financiación debe comenzar por una propuesta que haga el Ministerio de Hacienda, «que es lo mismo que pedía la señora Montero» cuando era consejera andaluza.

«Antes reclamaba más de 4.000 millones de euros al año para Andalucía, decía que el sistema de financiación era una injusticia, que no se podían resolver los problemas territoriales con Cataluña tratando de darle compensaciones y que no cabían las reuniones ni negociaciones bilaterales, todo lo contrario a lo que está haciendo ahora«, ha denunciado España.

España ha recalcado que la Junta no va a parar de reclamar el «derecho de Andalucía a tener una financiación justa»: «No estamos pidiendo limosna, estamos pidiendo justicia».